El caso de Claudia Córdova Guerra llega a Casación bonaerense

La historia de vida de Claudia Córdova Guerra y su expediente judicial tienen cita pautada con Casación bonaerense el próximo 25 de agosto al mediodía, donde la defensa de la travesti peruana (cuya condición de extranjera fue tomada como agravante de la condena) sentenciada por tenencia de estupefacientes, se ventilará nuevamente en los estrados judiciales de la capital bonaerense, adelantaron fuentes judiciales a C&P Noticias.

Claudia fue condenada a más de 5 años de prisión por supuesta venta de drogas en la zona roja. Sólo le encontraron 200 pesos y un gramo y medio de cocaína, pero el juez consideró como agravante su nacionalidad peruana.

El juez Juan José Ruiz, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por “xenófobo”.

Recientemente, un fallo similar fue modificado por la Sala III de la Cámara de Casación bonaerense, estableciendo que “el agravante por la condición de extranjero, (…) resulta violatoria de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminación por motivos de nacionalidad, ya que si en definitiva se lo condenó por infringir nuestro Código Penal mientras era habitante de nuestro país, resulta irrelevante cuál es su nacionalidad, al menos a los fines de efectuarle el reproche de su conducta”.

Pero en su sentencia, el juez Juan José Ruiz, consideró que la capacidad que tiene el Estado de sancionar a los extranjeros que delinquen no es una “violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, puesto que estamos en presencia de una medida excepcional, avalada por nuestra Constitución y los Tratados internacionales que la integran”.

Destacó que si bien es cierto que “existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto como parece” y citó como ejemplo el artículo 21 de la Constitución que impone a los ciudadanos argentinos la obligación de armarse en defensa de la Patria, lo que no rige para los ciudadanos por naturalización, quienes son libres de prestar o no servicio.

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