La ONU pidió el cese de la superpoblación carcelaria y encierro en comisarías bonaerenses

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó el cese del hacinamiento y la superpoblación carcelaria, y que no haya encierros permanentes en comisarías bonaerenses, informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Además, el CAT, según precisó la CPM, «interpeló al Estado nacional por la falta de implementación de mecanismo nacional y los mecanismos locales de prevención de la tortura, entre otros, el de la provincia de Buenos Aires».

La CPM manifestó que en la provincia «está pendiente de sanción la ley que designa a la Comisión Provincial por la Memoria como mecanismo local, y que cuenta con el apoyo unánime de los distintos bloques parlamentarios».

La advertencia del organismo internacional se emitió desde Ginebra, donde la CPM presentó un informe crítico sobre «el colapso del sistema carcelario y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires».

Según precisó la CPM, el informe presentado se centró en «la implementación del mecanismo nacional y el reconocimiento de los mecanismos locales preexistentes (como es el caso del propio organismo), la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, la práctica sistemática de la tortura y las muertes en el encierro y por la intervención policial»

Incluyó también «las prácticas policiales arbitrarias e ilegales y la situación de grupos particularmente vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, personas trans y mujeres».

Asimismo, la CPM alertó sobre distintos proyectos de reformas que se encuentran en tratamiento a nivel nacional, en particular el de reforma de la Ley de Ejecución 24.660 y el DNU 70/17 sobre migrantes.

El CAT alertó sobre «los altos índices de encarcelamiento, el uso de la prisión preventiva, la sobrepoblación y el hacinamiento y denunció la existencia de prácticas de tortura y otros tratos crueles cometidos tanto por agentes penitenciarios como por la policía».

En este punto, el CAT destacó que de la información aportada «se desprende el uso de la tortura y otros tratos crueles como mecanismo de gobierno y control social, en particular de los jóvenes pobres y expresó su preocupación por la falta o deficiente investigación de los casos de tortura, la protección a denunciantes».

También mencionó «las falencias del sistema de salud, la no implementación de la ley de salud mental, la sanción del DNU restringiendo derechos de los migrantes, la violencia hacia el colectivo trans y el proyecto de reforma de la Ley de Ejecución».

Respecto a la situación en comisarías, el CAT alertó sobre la inconveniencia de usarlas como lugares de detención permanente y citó el caso de la Comisaría Primera de Pergamino, en la que murieron siete personas detenidas y que fue informado por la CPM en su rol de patrocinante de familiares de las víctimas.

Por último, el CAT citó «la importancia del Registro Nacional de Casos de Tortura que la CPM creó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH, y la necesidad de que el Estado lo tome como un buen antecedente y procure su fortalecimiento».