A 30 años de la habilitación del divorcio

Por Fernando Del Corro (*)

El 12 de junio de 1987, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, el Congreso de la Nación sancionó la ley 23.515 de divorcio, que, con diferentes reformas posteriores habilitó, después de muchas décadas de reclamos sociales, la separación legal de los cónyuges y la posibilidad de que los mismos se casasen nuevamente.

La iniciativa, que tuvo como principales impulsores al diputado radical José Bielicki y al peronista Néstor Perl, retomó la norma establecida por la Ley 14.394, sancionada en 1954 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de efímera duración, ya que fue anulada en 1956 por las autoridades surgidas del golpe cívico-militar de septiembre de ese año, por lo que sólo dio lugar a siete divorcios.

Fue determinante para que los propulsores de la Ley 23.515 llevaran adelante su iniciativa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de noviembre de 1986 que rechazó la apelación de las partes reclamando su derecho a volver a contraer matrimonio, calificando como anticonstitucional la norma vigente, en la causa “Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean”, por lo que la sanción de la nueva norma provocó lo que algunos llamaron “un boom de nuevos casamientos”.

Posteriormente hubo un avance parcial en esa dirección, en 1968, siendo presidente de facto Juan Carlos Onganía, a través de la reforma al Código Civil concretada por el ministro del Interior, Guillermo Antonio Borda, mediante la ley 17.711 que autorizó el divorcio por mutuo acuerdo e incluso estableció que los bienes matrimoniales, hasta entonces administrados en exclusividad por el hombre, pasaran a ser un bien común por lo que su venta debía ser convalidada también por la esposa.

A lo largo de siglos el matrimonio (matrem monium, mujer de calidad) fue una institución reglamentada por la ley eclesiástica hasta que en 1871 se sancionara el Código Civil elaborado por Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sársfield (más conocido sólo por el último de sus tres nombres), por el cual la Iglesia era la que celebraba el casamiento y, eventualmente, aprobaba el divorcio pero sin habilitar a las partes a un nuevo casamiento.

En 1888, 17 años más tarde, durante la presidencia de Miguel Ángel Juárez Celman, se sancionó la Ley 2393, que dejó en manos del Estado tanto la implementación del casamiento como de un eventual divorcio para el cual era necesario demostrar una serie de irregularidades en las relaciones de pareja pero que tampoco permitía un segundo matrimonio para los legalmente separados.

Tras la efímera duración del divorcio en tiempos de Perón, que exacerbó su confrontación con la jerarquía católica, y de la norma de 1968, del jurista Borda, que exigía el mutuo consentimiento de las partes, se llegó a la Ley 23.515 que minimizó las exigencias para la aprobación del divorcio y estableció las condiciones para habilitar un nuevo casamiento.

Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados pasó al Senado donde se le realizaron algunas modificaciones, luego aceptadas por la primera donde se destacaron las intervenciones de los ya mencionados Perl y Bielicki, además del radical Carlos Spina, mientras fuera del ámbito parlamentario se produjeron algunas reacciones adversas como la del entonces gobernador de la provincia de La Rioja, luego presidente y hoy senador nacional Carlos Saúl Ménem.

El 31 de julio de 2015 se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial (unificó a ambos códigos vigentes hasta entonces) que liberalizó aún más la tramitación del divorcio y estableció nuevas normas familiares más liberales como la creación de la unión convivencial e incluso estableció la aplicación del mismo para los trámites iniciados con anticipación.

(*) Historiador y periodista de la Agencia Télam.

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