La Corte bonaerense pone el foco en cárceles y comisarías

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires pidió al Poder Ejecutivo que en un plazo de 15 días informe las políticas, acciones y los recursos que se destinaron para superar las graves deficiencias que padecen los detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses.

La resolución, firmada por la totalidad de los integrantes del Máximo Tribunal provincial, formula la requisitoria a los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo y de Justicia, Gustavo Ferrari.

La Corte consignó la necesidad de ”contar con información y documentación concerniente a los programas concretos de trabajo sobre dicha materia, de acuerdo a compromisos asumidos por ambos funcionarios en el marco de una audiencia efectuada en el Tribunal a la que fueron convocados, el pasado 16 de marzo”.

En los considerandos, los jueces sostuvieron que en la audiencia, el ministro de Justicia manifestó su compromiso tendiente a elaborar un Plan Integral, «no sólo relativo a las condiciones de habitabilidad y la mejora y ampliación de los lugares de detención, sino también sobre la situación laboral, educativa, alimentaria, de salud y de convivencia de las personas detenidas”.

Citan además que el ministro de Seguridad hizo lo propio y posteriormente presentó un plan de remodelación de comisarías y calabozos, pero que la cartera de Justicia “no ha presentado a esta Corte el anunciado plan, ni informado sobre el estado de los proyectos y programas que deberían integrarlo, conforme lo manifestado en la mencionada audiencia” .

Además, hicieron mención a que el pasado 7 de julio se realizó una “Audiencia Temática sobre personas privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se abordó la problemática analizada en estas actuaciones.

Allí, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal denunciaron que la provincia de Buenos Aires tiene 3.010 detenidos alojados en 432 comisarías, pero sólo 1.039 de esos presos tienen camastros para descansar.

En el encuentro, los organismos expusieron la crisis del sistema de encierro bonaerense y reclamaron a los Estados provincial y nacional que tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas.

En un comunicado, la CPM precisó que «en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40.000 personas privadas de libertad y el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los detenidos en comisarías, ya que en las 432 dependencias policiales hay 3.010 detenidos de los cuales sólo 1.039 tienen camastro».

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