Condenan al Estado bonaerense a indemnizar a la familia de una víctima de gatillo fácil

El gobierno bonaerense fue condenado a pagar 1.204.435 pesos como indemnización por el homicidio de Diego Salto, un joven de 22 años que fue asesinado en el partido de San Martín por un policía bonaerense en actividad que, finalmente, murió tras protagonizar un raid delictivo, informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias (foto), a raíz del episodio ocurrido el 18 de febrero de 2012, en el que fue asesinado Salto por el oficial subayudante de la policía bonaerense Federico Luciano Duarte.

Según consta en la causa, cerca de las 15 de ese día el oficial subayudante Duarte ingresó al barrio denominado Villa Tropezón, de la localidad de San Martín, donde asesinó a Salto sin motivos aparentes de un balazo en el tórax disparado con su pistola Taurus serie TAY 28215 que le proporcionó la fuerza.

Los familiares de la víctima narraron que “la forma brutal e injustificada en que el oficial de policía ultimó al joven, a plena vista de varios vecinos, motivó que éstos intentaran evitar que el homicida se diera a la fuga; por lo que comenzaron a perseguirlo”.

“A fin de evitar ser atrapado, el oficial Duarte se refugió en el interior de una casa del barrio cuya propietaria llamó al 911; e instantes después, personal policial concurrió al lugar y detuvo al oficial”, según consta en el expediente.

Como consecuencia de ese hecho, la fiscalía de San Martín a cargo del caso le solicitó al juzgado de Garantías la detención del oficial Duarte por el delito de “homicidio calificado por tratarse de personal policial”, pero nunca llegó a hacerse efectiva porque en esos días el policía murió como consecuencia de las heridas que sufrió al tirotearse con otros efectivos tras un raid delictivo.

Los familiares de Salto recurrieron a la Justicia por el entender que “el Estado Provincial es directa y objetivamente responsable por el hecho de autos, en virtud de la denominada ‘falta de servicio’, sosteniendo que el daño sufrido se produjo como consecuencia del funcionamiento defectuoso inadecuado o irregular del servicio que le es propio, y en virtud de lo normado en el artículo 1113 del Código Civil, en tanto el delito se cometió con el arma reglamentaria”.

Además consideraron que el policía protagonizó el evento cuando se encontraba fuera de servicio y vistiendo ropa de civil, y explicaron que, del devenir de la causa penal surge que Duarte se dirigía a la Villa Tropezón, “por motivaciones personales y que nada tenían que ver con su tarea específica como agente de la Policía Bonaerense”.

“Esta responsabilidad -objetiva y directa- del Estado frente a la necesidad de dejar indemnes a las víctimas del empleo de la propia fuerza estatal, no excluye la responsabilidad personal del agente cuando este hubiera obrado con culpa, negligencia o dolo, respecto de quien podrían intentarse eventualmente acciones de regreso, una vez encontrado y juzgado penalmente por los delitos que se le imputan”, señalaron.

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