Apartan a tres alcaldes brasileños por sospechas de corrupción y fraude al Estado

La Policía brasileña inició este martes una operación contra tres alcaldes del estado de Bahía, sospechosos de defraudar más de 61 millones de dólares en contratos públicos, y otra en Tocantins para investigar una trama que manipuló concursos públicos para la compra de prótesis médicas.

En Bahía, en el nordeste de Brasil, Claudia Oliveira, de Porto Seguro; José Robério Batista, de Eunápolis; y Agnelo Santos, de Santa Cruz, todos ellos alcaldes del Partido Social Democrático (PSD), fueron apartados de sus cargos por la Justicia Federal.

De acuerdo con las investigaciones, los tres dirigentes locales defraudaron al Estado por un monto cercano a los 200 millones de reales (61,3 millones de dólares) con ayuda de sus familias.

La Policía Federal llegó a pedir la prisión de los tres sospechosos, pero un tribunal de segunda instancia negó el pedido por lo que solo serán llevados a declarar.

Según las autoridades, los tres alcaldes utilizaban desde 2009 empresas de sus parientes para simular una competencia en las licitaciones inexistente y desviar dinero de contratos públicos.

En total, agentes federales cumplen 21 órdenes de prisión temporal, 18 detenciones para llevar a los sospechosos a declarar y 42 registros y allanamientos en los estados de Bahía, Minas Gerais y Sao Paulo.

En tanto, en Tocantins, en el norte del país, la Policía Federal puso en marcha una operación para investigar un red de fraude en concursos públicos destinados a la compra de materiales médicos como prótesis y otros productos de ortopedia de alto costo para el sistema de salud.

La operación se extiende a otros ocho estados de Brasil más Brasilia, donde cerca de 330 agentes están en las calles para cumplir mandatos de prisión, conducción coercitiva y registros, informó la agencia de noticias EFE.

Según las autoridades, la trama beneficiaba a determinadas empresas, médicos y empresarios del sector, así como a funcionarios públicos del área de salud.

La investigación comenzó cuando socios de la empresa Cardiomed fueron presos por suministrar a la Secretaría de Salud regional productos destinados a fines terapéuticos con plazos de validez para su esterilización vencidos.

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