Francisco y la “tolerancia cero” a los abusos de la Iglesia

Creador de la primera comisión de la historia vaticana dedicada a la protección de menores, el papa Francisco ratificó en sus primeros cinco años de pontificado una doctrina de “tolerancia cero” con los casos de abusos dentro de la Iglesia, con una serie de medidas como el endurecimiento de penas a encubridores y el rechazo de todos los pedidos de gracia que recibió de abusadores condenados.

Más allá de la críticas multiplicadas en los últimos 60 días a partir de un supuesto caso de encubrimiento en Chile que ha sido el epicentro de muchos de los balances sobre su primer lustro, el magisterio de Jorge Bergoglio ha estado marcado por varias medidas impulsadas para evitar “el flagelo de los abusos”, como los definió al instituir en marzo de 2014 la Pontificia Comisión para la tutela de Menores, dedicada a salvaguardar a las víctimas.

“No hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores”, ratificó entonces a través de una carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales, los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

La comisión, que estuvo originalmente integrada por 18 personas, incluida la víctima de abusos sexuales por parte de un religioso Marie Collins, fue ratificada a inicios de este año a través de un decreto pontificio que cambió algunos miembros de su composición e incluyó a nuevas víctimas, aunque no se hizo pública su identidad.

Colllins había renunciado a su cargo en marzo de 2017, reconociendo su “frustración por la falta de colaboración de algunos dicasterios de la Curia con la Comisión”.

La denuncia se refería al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Muller, quien fue apartado de su cargo por el pontífice cuatro meses después en lo que fue leído como un castigo por su falta de apoyo a la comisión.

El mes que viene, la comisión pondrá en marcha el “Grupo Consultivo Internacional de Supervivientes” (ISAP), una nueva plataforma que agrupará las voces de las víctimas y supervivientes basada en la experiencia del Survivor Advisory Panel de la Comisión Nacional Católica para la Protección en Inglaterra y Gales.

En el medio de ese recorrido, Bergoglio modificó algunos aspectos legales cuando en junio de 2016 dio a conocer la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio (decreto) “Como una madre amorosa”, en la que introdujo que la negligencia en casos de abusos es una causa válida para la destitución de obispos.

“El Derecho Canónico ya prevé la posibilidad de apartar del trabajo eclesiástico por causas graves. Con la presente carta quiero precisar que entre las dichas causas graves está comprendida la negligencia de los obispos en el ejercicio de su función, en particular relativo a las causas de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables”, decretó el pontífice entonces.

Más allá de los cambios formales, el pontífice reveló recientemente que “habitualmente” recibe un viernes por mes a víctimas de abusos en el Vaticano. Así lo ha hecho también durante sus dos viajes apostólicos en los que el tema fue un eje central por los ataques sexuales cometidos por sacerdotes antes de su entronización: en Estados Unidos, en 2015, y en Chile, en 2018.

Sin embargo, especialmente luego de su último viaje a Chile, las críticas se han enfocado sobre la que gestión que ha hecho el pontífice del caso del obispo Juan Barros.

Barros fue identificado por víctimas de abusos del sacerdote Fernando Karadima como testigo y encubridor de esos ataques ya condenados por la justicia chilena y por la vaticana en 2011.

Al regreso de su viaje a Chile, el pontífice invocó la presunción de inocencia de Barros y reveló que dos veces le rechazó la renuncia convencido de la falta de evidencias que lo incriminen.

Francisco, que había tenido un tono extremadamente duro con los denunciantes durante su estadía en Chile, debió luego pedir perdón por sus palabras y se comprometió públicamente a cambiar de postura si aparecía nueva evidencia.

En ese marco, Bergoglio dispuso en enero pasado el envío a Santiago de un fiscal vaticano especializado en temas de abusos, Charles Scicluna, para que se reuniera con las víctimas a fin de recabar nuevas evidencias que puedan hacerlo cambiar de opinión.

En esos días Bergoglio viró de su postura inicial en reclamo de “pruebas” a un pedido de “evidencias”: ya no un elemento físico o concreto, sino que deja abierta la puerta para que, si convincentes, los propios testimonios de las víctimas que fueron escuchadas por un espcialista como Scicluna basten para cambiar su postura sobre Barros.

Otro antecedente cercano de la “tolerancia cero” del pontífice con el tema fue en junio de 2017 cuando ordenó a su ministro de Economía George Pell a viajar a Australia a comparecer ante un tribunal civil en una causa que investiga supuestos abusos sexuales en la década del 70.

El accionar del pontífice en el caso de Pell, el funcionario de cargo más alto jamás investigado por este tipo de delitos y que aún continúa en su país natal a la espera de la resolución de la causa, fue considerado un avance diametralmente opuesto al que había tenido el Vaticano en 2004 con un cardenal acusado de encubrir abusos en Boston.

En 2002, una investigación del diario The Boston Globe acusó a la Arquidiócesis de Boston y a su máxima autoridad, el arzobispo Bernard Law, de encubrir los abusos de decenas de sacerdotes pedófilos entre 1984 y 2002. En ese momento, la respuesta del Vaticano fue trasladar a Law a Roma, nombrarlo al frente de una de las cuatro basílicas papales, y no obligarlo a declarar amparándose en la falta de tratados de extradición entre el Vaticano y Estados Unidos.

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