Inhibieron los bienes del ex titular de IOMA

La justicia penal de La Plata dictó la inhibición general de bienes del ex presidente de la obra social provincial IOMA Antonio La Scaleia y otros 10 ex funcionarios procesados por los delitos de “fraude y asociación ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos en virtud de la tramitación de internaciones domiciliarias.

La medida la adoptó la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia, al hacer lugar a un pedido formulado por la Fiscalía de Estado provincial y el fiscal penal Álvaro Garganta, que instruye la causa.

La Scaleia, quien estuvo al frente de la obra social desde 2010 y hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli, fue procesado por el fiscal junto a otros 17 ex directivos y actuales funcionarios del IOMA.

El ex funcionario, que declaró en noviembre pasado durante dos horas y media aproximadamente, se retiró entonces de los tribunales sin formular declaraciones.

Frente al fiscal, entregó un escrito con un balance de lo actuado en la obra social durante su gestión y aseguró que es “la primera vez” que debe pasar por esta situación, y que la imputación de los delitos es “inimaginable”.

“Yo he ocupado un cargo político a lo largo de mi trayectoria y hasta el año 2013 jamás tuve un inconveniente. Parece que desde 2013 soy otra persona y, como he manifestado, es muy difícil a esta altura de la vida romper con mis principios éticos”, sostuvo en esa oportunidad.

Garganta comenzó a investigar al ex directorio del IOMA a partir de una denuncia impulsada por la diputada Elisa Carrió, en la que se estiman pérdidas por unos 650 millones de pesos, generadas entre 2013 y 2015 por la comisión de fraudes reiterados.

Para el fiscal, “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social, y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.

Según Garganta, La Scaleia y el resto de los 17 procesados “integraron una compleja estructura delictual destinada a la comisión de los variados ilícitos referidos, habiéndose valido del cargo que ostentaban y la actividad que desempeñaban dentro del IOMA”.

Desde ese organismo, pusieron “en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas”.

El fiscal considera que “se dispuso la creación de un área específica para el despacho de expedientes relacionados a dicho servicio, la afectación exclusiva de un grupo de personas a la tramitación de los mismos y el dictado de una serie de resoluciones internas mediante las cuales se perfeccionó la maniobra descripta”.

Al procesar y citar a indagatoria al ex presidente del IOMA, Garganta describió el procedimiento que utilizaban, el cual incluía “la aprobación posterior de las planillas de conformidad del servicio presentadas por las cinco empresas a sabiendas de la falsedad de su contenido, para finalmente librarse los pagos de sumas millonarias de dinero pertenecientes al Estado Provincial”.

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