Procesaron a 26 militares por torturas en Malvinas

Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, celebró los pedidos de detención librados contra 26 militares en la causa en la que se investigan los abusos que sufrieron soldados argentinos en 1982, durante el conflicto con Gran Bretaña, al considerar que se trata de “un gran paso en el camino de la memoria, la verdad y la justicia”.

“Es una gran noticia y celebramos que la causa, después de 11 años de haberse presentado las primeras denuncias, comience a activarse. Es un gran paso en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que llega 36 años años después de la Guerra de Malvinas”, señaló Alonso.

El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, requirió las detenciones y las indagatorias de 26 militares en la causa en la que se investigan los crímenes padecidos por conscriptos que fueron movilizados a las islas durante el conflicto del Atlántico Sur.

El pedido del funcionario judicial contó además con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), y para el Cecim –que oficia como querellante en el expediente– este trámite “marca el camino para que se abra una megacausa por las torturas” que suboficiales y oficiales de las tres armas cometieron contra los soldados.

“Esperemos que el juez actué con rapidez y libre rápidamente los pedidos de detención. El fiscal aplica el criterio de la línea de mando y se remite por ahora a un sólo regimiento. Lo que pasa que hay muchos más casos y hechos denunciados y por eso decimos que puede tratarse de una megacausa”, explicó el veterano de guerra.

La presentación del Ministerio Público Fiscal se refiere en esta oportunidad a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.

En esa zona de las Islas Malvinas se desplegó el Regimiento de Infantería V, que formaba parte la III Brigada de Infantería y que estaban compuestas por cinco compañías de soldados.

La primeras denuncias de esta causa comenzaron en 2007, en los tribunales federales de Río Grande, que por una cuestión de jurisdicción –la Constitución Nacional establece que las islas son parte de la provincia de Tierra del Fuego– se hizo cargo de la investigación.

En la actualidad, este expediente tiene 120 denunciantes y 95 imputados, y en 2015, un fallo de la Corte Suprema determinó que Cecim presentara una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El máximo tribunal entendió que una de las denuncias por abusos contra el ex militar Jorge Eduardo Taranto que figuraban en la causa había prescripto.

En función de ese fallo, los excombatientes estimaron que la causa podía caerse, y presentaron un pedido ante la CIDH para que el Estado argentino active las investigaciones.

El pasado 7 de de este mes, en la ciudad de Santo Domingo, la CIDH celebró una reunión de trabajo con los representantes del Cecim y los funcionarios del Estado argentino para llegar a “una solución amistosa”.

Las partes quedaron en que mantendrán ahora un nuevo encuentro en Buenos Aires, en la cual el Poder Ejecutivo deberá dar una respuesta sobre el pedido de “reparación” formulado por los ex combatientes en relación a la causa por los abusos sufridos por los conscriptos movilizados durante la Guerra de Malvinas.

“Creemos que todas las acciones que impulsamos van en el sentido de que se haga justicia con los soldados. Nos presentamos en la CIDH para que esta investigación no se caiga. Ahora, como querellantes acompañaremos estos pedidos de detención y seguiremos de cerca todos los avances que se produzcan en el expediente”, apuntó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del Cecim.

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