La defensa de Scioli va por la nulidad del millonario embargo

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli procesado junto a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia y el empresario Ricardo Estanislao Miller serán protagonistas este martes 3 de julio de un nuevo capítulo judicial en la causa penal que los tiene procesados y sospechados de sobrefacturación en la construcción de unidades sanitarias de pronta atención (UPA) en distintos municipios.

Sobre ellos pesa un millonario embargo (no firme) que fue dictado por una jueza de La Plata. Las defensas tienen cita en la Cámara de Apelaciones y Garantías en una audiencia en la que estarán cara a cara con los magistrados que deben resolver los planteos.

La jueza de Garantías Marcela Garmendia dictó una inhibición general de bienes por más de 189 millones de pesos para los acusados, que son investigados por el fiscal Álvaro Garganta.

El actual diputado nacional fue acusado de favorecer a Miller, dueño de la firma Building Internacional SA, para la construcción de los centros sanitarios.

“Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”, manifestó Garganta en el expediente.

En sus declaraciones indagatorias, tanto Scioli como Collia aseguraron que ellos no firmaban nada sin el aval de la Fiscalía de Estado. Además, resaltaron que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tampoco hizo objeciones en los expedientes de licitación para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en suelo bonaerense.

Los centros sanitarios se construyeron entre los años 2011 y 2015. Durante esos años, el Asesor General de Gobierno del sciolismo fue el actual ministro de Justicia vidalista, Gustavo Ferrari.

La jueza sostuvo en la resolución que: “El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal”, según se desprende del documento judicial al que accedió este medio.

Este expediente es una de las ramificaciones de la mega denuncia que la diputada nacional Elisa Carrió realizó para que se investigue los ocho años de gestión del gobierno de Scioli al frente del ejecutivo provincial.

En otros tramos de la presentación judicial se investigan movimientos de fondos públicos en la empresa de agua y cloacas ABSA, la obra social IOMA, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y la Jefatura de Gabinete, entre otros organismos.

También es materia de investigación penal varias licitaciones millonarias y alquileres de aviones privados junto a la impresión de boletas para las elecciones PASO, general y balotaje de 2015, cuando Scioli perdió las elecciones ante el actual jefe de Estado, Mauricio Macri.

Artículos Relacionados