Ex combatientes de Malvinas se suman a la marcha contra el ajuste

Integrantes del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinad (Cecim) La Plata confirmaron que se suman a la convocatoria de los Organismos de DD.HH, Actores y organizaciones sociales para concurrir este lunes 9 de Julio al Obelisco.

Mediante un comunicado oficial consideraron que avalan el llamado “junto a todo el pueblo argentino para decir ‘NO al Ajuste’, para rechazar el acuerdo que entrega soberanía y recursos naturales en Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y solicitar al Congreso Nacional una sesión especial para terminar con este acuerdo que fue firmado a espaldas de la ciudadanía.

El 13 de Septiembre de 2016 los representantes del Gobierno Nacional y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos Foradori (exvicecanciller argentino) y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Commonwealth británica Alan Duncan firmaron un acuerdo que fue presentado por la Cancillería Argentina como un “comunicado conjunto” una “hoja de ruta”, conocido como acuerdo Foradori – Duncan, que trata en uno de sus puntos las Cuestiones de las Islas Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur.

Desde la firma del acuerdo entre los gobiernos de Mauricio Macri y Theresa May aquel 13 de septiembre de 2016, los británicos avanzan con una velocidad inusitada para concretar nuevas faces en la explotación de nuestros recursos naturales.

Según consta textualmente en dicho documento (que es un acuerdo): “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

Para los ex combatientes “este acuerdo menoscaba y consuma vulneraciones flagrantes a la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes, resoluciones de Naciones Unidas, declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación como es la llamada “Declaración de Ushuaia”, declaraciones multilaterales emanadas de organismos regionales, en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, tanto en lo que hace a su soberanía territorial, marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, y antártica, entre otras”.

A continuación el documento completo del Cecim – La Plata:

El Gobierno del Presidente Macri, hasta ahora, ha eludido que este acuerdo disfrazado de “comunicado conjunto” o “hoja de ruta” pase por el Congreso Nacional como lo indica la Constitución Nacional en su artículo Art. 75 que expresa: “Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.”

En el marco del acuerdo se están concretando avances que solo benefician a la posición británica en el Atlántico Sur, poniendo en riesgo los títulos que la República Argentina posee en el reclamo de soberanía de los territorios usurpados desde 1833.

Esta política ha sido diseñada por los británicos, donde funcionarios genuflexos de nuestra cancillería la ejecutan, llevándonos a situaciones de difícil retorno, que posicionan a los usurpadores como un país rivereño. Ya se han concretado varios puntos del acuerdo: Acuerdo antártico: permitirá incrementar la cooperación científica y tecnológica en la Antártida, lo firmaron Jane Francis, titular del British Antartic Survey y el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez.

La proyección Británica hacia la Antártida es la fase siguiente en la estrategia de usurpación en el Atlántico Sur. Acuerdo de Pesca: Ambos países (Arg. y GB) firmaron un acuerdo donde establecerán intercambio de información mutua, los funcionarios que intervinieron en esa reunión fueron el embajador británico Mark Kent, la embajadora Teresa Kralikas, subsecretaría del Área Malvinas de la Cancillería argentina y también reconociendo al gobierno ilegal de las nuestras Islas, el director de pesca John Barton, dejando de lado cualquier participación de las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En este sentido, es pertinente recordar que sólo con la venta de licencias de pesca en forma ilegal, en la Islas se recaudan anualmente unos 30 millones de dólares, que sumado a los recursos ictícolas producidos por la pesca ilegal aportan el 40% del PBI para el sostenimiento del “Enclave-Colonial-Militar” en nuestras Islas Malvinas. Patrullaje conjunto en el Atlántico Sur: se avanza para que nuestras FF.AA y de Seguridad realicen el patrullaje conjunto con las fuerzas militares de ocupación para la “protección de la pesca ilegal”, dejaríamos en manos de la potencia colonial que usurpa nuestro territorio el control y patrullaje de nuestros mares.

Al mismo tiempo, el grado de militarización se ha profundizado, como lo demuestra el incremento de los vuelos militares desde países vecinos, en violación a lo acordado tanto desde el Mercosur como desde la UNASUR.

Este gravísimo hecho no ha sido denunciado con la fuerza suficiente por el gobierno de Macri. Acuerdo de Vuelos: En un comunicado emitido por la Cancillería Argentina 053/18 fechado el día 16 de Febrero de 2018, se informa que: “En el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas.”

Este nuevo avance que posibilitará vuelos desde terceros países, no es más que la exigencia del Gobierno Británico que le impone a la Argentina cumplir con lo acordado el 13 de Septiembre de 2016. Avance en la explotación de recursos hidrocarburíferos: En la cuenca Malvinas existen yacimientos de petróleo de clase mundial con estimaciones que alcanzan un potencial de casi 1000 millones de barriles.

La empresa ARGOS por ejemplo, se dispone a recibir en los meses siguientes una plataforma de extracción para operar en las zonas otorgadas en la etapa de desarrollo del yacimiento off shore. Consideramos que lejos de haber rectificado los deplorables términos de ese Acuerdo, el gobierno de Mauricio Macri ha avanzado en políticas que implican la desmalvinización de la política exterior e interna, produciendo un lamentable deterioro y retroceso en la reivindicación de la soberanía nacional sobre la Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur, Antártida y los espacios marítimos circundantes.

Muestra de ello es el incremento de las inversiones británicas en la expansión de las instalaciones militares en las islas, 300 millones de dólares para modernizar la Fortaleza de Monte Agradable; el aumento de las escalas de los vuelos militares británicos en Brasil consentidos por el gobierno golpista de Michel Temer; el avance de la exploración hidrocarburífera de los británicos con la complacencia del gobierno argentino; el desmantelamiento y remate del Instituto Antártico Argentino; la habitual omisión de diversos organismos públicos de incluir a Malvinas y al sector antártico argentino en mapas oficiales; la exclusión de nuestra aerolínea de bandera en un eventual acuerdo por la cuestión de los vuelos con origen y destino en las Islas; el abandono de una política de búsqueda de apoyo internacional en favor del diálogo por la cuestión de la soberanía; entre otras gravísimas situaciones que atentan contra lo dispuesto por la Constitución Nacional en la Cláusula Transitoria Primera en lo relativo a la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas.

La política de desmalvinización llega a su cenit con la firma del Acuerdo, que responde únicamente a los intereses británicos y soslaya el diálogo por la soberanía, que es la primera cuestión a resolver.

Este acuerdo, impulsado por Macri, contraría grandes logros de la diplomacia argentina, como fue la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), resultado de la labor del entonces Embajador José María Ruda ante el Subcomité III del Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con Respecto a la Aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. La Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa por la soberanía de las islas y recomendó la necesidad de que ambas partes entablaran negociaciones que tuvieran en cuenta los intereses de los isleños.

En diciembre de 1973, a través de la Resolución 3160 de la AGNU, la Comunidad Internacional manifestó su preocupación por la falta de avances en la solución de la cuestión de las islas Malvinas y reconoció los esfuerzos realizados por el gobierno argentino. Posteriormente, la Resolución 31/49 de la AGNU, aprobada el 1° de diciembre de 1976, pidió un aceleramiento de las negociaciones bilaterales, reconoció, nuevamente, los esfuerzos del gobierno de la República Argentina de solucionar la Cuestión de las Islas Malvinas por la vía pacífica, e instó por primera vez a no adoptar decisiones unilaterales mientras el proceso recomendado por la Asamblea General y las negociaciones estaban en progreso.

La inclusión de este último apartado, solicitado por Argentina, estaba vinculado a los actos pretendidamente jurisdiccionales, que el gobierno del Reino Unido había comenzado a realizar, como por ejemplo la exploración de los recursos naturales pesqueros y petroleros en las aguas circundantes a las islas en disputa.

El Acuerdo Macri – May implica un giro importante en la política respecto a la Cuestión Malvinas, abandonando los reclamos y facilitando los actos unilaterales británicos. Se ha intentado imponer a espaldas de la ciudadanía, sin mediar conversaciones y consensos en nuestra sociedad y sin contar con el aporte del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Congreso de la Nación. Las renuncias de Foradori y de Malcorra no han resuelto ni modificado la política llevada adelante por el gobierno de Macri, más preocupado por los negocios británicos que por la defensa de nuestros legítimos intereses.

Malvinas necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, como fue en 1994 donde los constituyentes plasmaron en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional nuestro reclamo pacífico, respetando el modo de vida de los habitantes de las islas, o como en 2012 donde el parlamento aprobó la Declaración de Ushuaia con representantes de todas las fuerzas políticas.

Por ello, hacemos un llamamiento a sumar esfuerzos para decir “NO AL ACUERDO” a todas las fuerzas políticas, sociales, del trabajo, al pueblo argentino a que defendamos la Soberanía Argentina en Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y sus mares circundantes.

Está en juego el futuro de las próximas generaciones, por ello solicitamos a los partidos políticos con representación parlamentaria el urgente llamado a una SESIÓN ESPECIAL del Congreso Nacional, para tratar el RECHAZO AL ACUERDO ya que está en riesgo la soberanía nacional, los intereses y el futuro de los 42 millones de Argentinos.

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