Confirman compensación de usuarios a empresa de gas por la devaluación

El secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió la decisión del Gobierno de ajustar las tarifas de gas según la inflación del pasado semestre y en 24 cuotas, las cuales tendrán un costo promedio extra de entre $90 y $100.

Por su parte, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la suspensión de la medida que compensa a las empresas distribuidoras de gas y denunció por el presunto delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” a Iguacel.

“Estamos aplicando lo que dice la ley, y a diferencia de lo que está escrito, en lugar de aplicar el aumento en seis cuotas mensuales lo hemos hecho en 24 meses”, dijo Iguacel en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Destacó que estos ingresos sirven para alentar inversiones, aumentar la producción y extender la red de gas natural, ya que “si no hacemos esto, vamos a tener el triple de problema en un par de años”.

Iguacel destacó que el Gobierno “está cumpliendo con la ley” de 1992 con la que se privatizó el servicio de gas en todo el país, y que dentro de ese marco es que se procedió a ajustar, de manera retroactiva, la tarifa de gas domiciliaria de acuerdo al Índice de Precios Mayoristas, que realiza el Indec.

El funcionario recordó que las empresa distribuidoras y transportadoras del gas pedían un incremento del 30 %”, debido al aumento de precios durante el invierno “pero el Enargas decidió dar un 19% debido a la actual situación del país”.

Además, para que ese aumento no sea tan brusco en los bolsillos de los usuarios “se decidió que se pague en 24 cuotas, en lugar de las seis cuotas que establece la ley”.

Iguacel estimó que el valor de estas cuotas “rondará entre los $ 90 y $100 en promedio” y consideró que, con el correr de los meses, los usuarios “irán recuperando poder adquisitivo” por lo que ese aumento no afectará tanto los ingresos.

El secretario de Energía, al igual que lo que anticipó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el Gobierno “está abierto a escuchar alternativas” dentro del marco legal, y recordó que esta ley está vigente desde 1992 y nadie la reformó.

Iguacel recordó también que dentro de la factura de gas, los usuarios pagan un subsidio destinado a compensar los mayores pagos que deben enfrentar quienes viven en la Patagonia.

El funcionario confirmó también que se presentará ante la justicia luego de que el fiscal Marijuan impulsara una denuncia en su contra por el presunto delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Otro de los actores que denunció la aplicación de este reajuste es el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien anunció que presentará un amparo.

Ante estas medidas, Iguacel aseguró que “la justicia va a tener que resolver si corresponde o no que se pague” este retroactivo. “Nosotros estamos seguros de cumplir con la ley, y no tenemos por qué interceder en la decisión de la Justicia”.

“Esto es un cambio de paradigma en el país. Nosotros respetamos la ley (que regula el mercado del gas) y respetaremos lo que diga la justicia”, aseguró el funcionario.

Iguacel llamó a “respetar lo que dice el contratos” y recordó que el insumo, es decir, la explotación del gas “siempre estuvo dolarizado” y alentó a que “se pague lo que cuesta” porque de esa manera habrá más trabajo para los argentinos y menos importación.

“Estamos tratando de salir de la debacle que nos dejaron. Si tuviéramos que abastecernos al precio que dejó el kirchnerismo en un contrato dolarizado hubiéramos pagado más del doble de la factura”, dijo Iguacel, y destacó que en los países vecinos, “que no tienen gas, eso es lo que pagan”.

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