Farmacéuticos bonaerenses dijeron a la Corte por qué se oponen a Farmacity

La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó los argumentos de los amigos del tribunal (amicus curiae) en torno del pedido de la cadena Farmacity para que se declare inconstitucional la ley provincial que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

En total fueron quince los expositores, en representación de sí mismos o de entidades, que la Corte aceptó como amigos del tribunal, y que fueron exponiendo en la sala de audiencia del Palacio de Justicia.

Nueve de los expositores argumentaron en contra de que se permita a la cadena instalarse en territorio bonaerense, apelando al daño al sistema de salud, por acceso y precios de los medicamentos, que significaría el desembarco de la cadena.

En tanto que seis se pronunciaron a favor al apelar centralmente a la libertad de elección de los consumidores, y a que no están probados los supuestos “daños” que produciría Farmacity.

El profesor de derecho constitucional y defensa de la competencia, el rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grosman, señaló que “estas regulaciones vulneran derechos constitucionales a la libre elección y a la salud”, y manifestó que “es la competencia lo que garantiza que no haya ganancia excesiva, porque cada oferente sabe que si sube los precios o baja la calidad, los consumidores migraran a otras opciones”.

Por su parte, el constitucionalista Alberto Bianchi sostuvo que “las dos normas son constitucionales (artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires), lo que ocurre es que Farmacity tiene un concepto equivocado de qué es un farmacéutico”.

Bianchi desarrolló entonces que la cadena de farmacias y productos de consumo “no lo reconoce al farmacéutico como un profesional liberal que ofrece un servicio; para Farmacity es un empleado a sueldo que puede ser despedido”.

Farmacity recurrió a la Justicia para que se declararan inconstitucionales los artículos 3 y 14 de la ley 10.606 que regula la actividad de las farmacias en la provincia, pero el pedido fue desestimado en primera instancia, y finalmente por la Suprema Corte de Justicia provincial, que consideró constitucional el artículo 14, que es el que fija quiénes pueden ser propietarios de farmacias.

En desacuerdo con este fallo, Farmacity interpuso un recurso extraordinario ante la Corte nacional, que fue aceptado por el alto tribunal y que este miércoles tuvo su primer capítulo con la presentación de los amigos del tribunal.

Otro de los expositores contrarios a Farmacity fue el ex ministro de Salud de la provincia y luego de la Nación, Ginés González García, quien manifestó que “tenemos en la provincia cerca de 14 mil farmacias, que tiene una distribución geográfica mucho más grande que las cadenas que se ubican en lugares comercialmente atractivos”.

La audiencia comenzó a las 10 con la presencia de los ministros Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y sin la asistencia del presidente Carlos Rosenkrantz y del ministro Horacio Rosatti, quienes se excusaron de intervenir ante posibles conflictos de intereses. El primero fue abogado de la empresa, el segundo, tuvo como asesora a la directora de Asuntos Jurídicos de Farmacity.

Detrás del ex ministro González García, fue el turno de los diez minutos de exposición para el economista de la universidad Di Tella Marcelo Celani, quien estableció ante los jueces que “las restricciones al comercio tienen una característica y es que son excepcionales, y que su justificación tiene que estar muy clara”.

“La restricción esta justificada para la administración de bienes escasos, porque no todos pueden hacer uso, pero no veo que acá esté clara” juzgó el economista y añadió que “la regla (que fija la ley) es injustificada, no esta justificada desde lo que se pretende proteger: no existe evidencia empírica que el modelo de restricción sea satisfactorio”.

Durante la audiencia, en la calle, se manifestaron farmacéuticos platenses que cerraron sus locales para trasladarse a Buenos Aires y manifestarse contra la posible instalación de la cadena.

El panel se completó con Hernán Gullco, Andrés Gil Domínguez, Sebastián Pablo Lópes y representantes de la Federación Internacional Farmacéutica, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Asociación de Empleados de Farmacia, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, de la Federación Farmacéutica Argentina , del Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento y de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas.

El próximo miércoles, según dispuso la Corte, será el turno de las partes en el litigio para que desarrollen ante el máximo tribunal sus argumentos.

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