Los siete juicios por delitos de lesa humanidad que siguen esta semana

La continuidad de las audiencias en el juicio ESMA IV y la etapa de alegatos en la causa denominada como “Sheraton” serán los acontecimientos más relevantes de esta semana en materia de procesos orales y públicos que se siguen por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

Este lunes habrá nuevas audiencias en el proceso de ESMA IV ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas.

También este 11 de febrero los alegatos en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “Sheraton”, que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.

El miércoles, en Santa Rosa, La Pampa, también habrá alegatos en el marco del segundo juicio que se realiza en la causa Subzona 14 II, en la cual son juzgados 18 imputados entre militares y personal policial.

Además el miércoles proseguirán en Rosario las audiencias en el proceso conocido como “Faced III” que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.

El 13 de febrero habrá continuidad en La Plata del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.

El jueves, en Jujuy, continuará el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en “La noche del apagón” y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.

También el jueves se producirán nuevas audiencias en el juicio denominado “Superintendencia de Seguridad Federal” compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia.

Finalmente, el viernes 15 en la provincia de San Luis, continuará el juicio “Magistrados”, que busca determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación al “plan criminal” de la última dictadura.

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