Perú no sale de su crisis institucional

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, condicionó la posibilidad de dialogar con representantes del Congreso cuya disolución ordenó y prometió que respetará el fallo, cualquiera que sea, si el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia sobre la crisis institucional generada a partir de esa decisión.

«Siempre estamos dispuestos al diálogo; nunca este gobierno ha cerrado el diálogo, pero hay que ver en qué términos y los interlocutores», dijo el mandatario a la radio RPP, que lo consultó sobre una eventual reunión con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea.

En cambio, Vizcarra informó que se encontraría con las principales autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

Asimismo, el jefe del Estado aseguró que respetará cualquier pronunciamiento del TC sobre la cuestión institucional.

«Aceptamos todo lo que conduzca y respete la democracia y la Constitución; ya lo hemos dicho: si en algún momento hay algún pronunciamiento del TC, lo vamos a respetar», dijo a periodistas en la puerta del Palacio de Gobierno, tras un acto oficial.

Aunque en los hechos la situación fue evolucionando a favor del mandatario -respaldado por la opinión pública, las fuerzas armadas y policiales, e incluso parte de la oposición-, hoy aún no se había resuelto formalmente el conflicto de poderes desatado hace una semana.

El lunes pasado, Vizcarra ordenó la disolución del Congreso y llamó a elecciones para el 26 de enero próximo, para integrarlo nuevamente.

El parlamento desconoció esa medida, suspendió al mandatario por un año y, para reemplazarlo, tomó juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien renunció 24 horas después.

Desde entonces, el Congreso no pudo volver a reunirse, en parte por la adhesión de varias bancadas al cierre ordenado por Vizcarra, y solo funciona su Comisión Permanente, que, según la Constitución, debe actuar mientras el parlamento está en receso o disuelto.

La dimisión de Aráoz fue rechazada por el Ejecutivo, por entender que la presentó ante un Congreso ya disuelto, pero Vizcarra dijo que pidió al Ministerio de Justicia que la analice y se mostró predispuesto a aceptarla.

«Debería ser aceptada, pero hay que ver cuál es la instancia a la que le corresponde (aceptar la renuncia); a nadie se le puede obligar al ejercicio de un cargo al cual renuncia, nadie aquí está amarrado a nada; es un tema de voluntad, de libertad, y en pleno uso de su libertad, la vicepresidenta ha hecho renuncia al cargo», afirmó el mandatario.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que está dispuesto a solicitarle al TC que se pronuncie sobre el conflicto de poderes si no lo hacen los principales interesados, Vizcarra y Olaechea.

“Vamos a esperar cómo se decantan las próximas horas y días en este punto. y luego la Defensoría, como institución que también es un contrapoder, dará el paso que corresponda”, dijo Gutiérrez al diario limeño El Comercio.

El TC no es del todo neutral en la crisis, pues esta se originó en la decisión del Congreso de designar a Gonzalo Ortiz de Zevallos como juez de esa corte, en reemplazo de uno de los varios magistrados que tienen vencido el mandato.

De hecho, el TC anunció que resolverá este jueves si admite a Ortiz de Zevallos y, en ese caso, a cuál de los jueces con mandato vencido sucederá.

Mientras tanto, este mediodía se realizó en Lima una manifestación contra Vizcarra organizada por el fujimorismo y sus aliados, a la que asistió un centenar de manifestantes, según RPP.

Una encuesta publicada ayer por el diario La República reflejó que la imagen positiva de Vizcarra aumentó de 40% a 75% tras su decisión de cerrar el Congreso, medida que es respaldada por 84% de los peruanos.

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