Controversia por la expropiación de Vicentín

Diputados del Frente por Todos y de Juntos por el Cambio exhibieron ya sus diferencias por la decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar la empresa cerealera Vicentin.

Los legisladores adelantaron por la red social Twitter las discrepancias, de cara al debate que se dará cuando se comience a tratar en el Congreso el proyecto de expropiación de la firma agroalimentaria.

La diputada oficialista Gabriela Cerrutti señaló que la «expropiación de Vicentin significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores, gobernar en pos de la soberanía alimentaria y entender que los nuevos tiempos necesitan que YPF trabaje sobre algo más que petróleo».

«Esperamos con orgullo el proyecto en la Cámara de Diputados», señaló la diputada porteña.

Desde Juntos por el Cambio, la coalición opositora señaló que la decisión del gobierno de estatizar a la cereleara «es peligrosa, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos». Añadió que «deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis».

La nota esta firmada, entre otros, por los jefes de los bloques de diputados de la UCR, Mario Negri; del Pro Cristian Ritondo; y de la Coalición Civica, Maximiliano Ferraro, y dice que el Gobierno «usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo».

El diputado entrerriano del FdT, Marcelo Caseratto, aseguró que «desde el Congreso Nacional acompañaremos la expropiación de la empresa», ya que el objetivo «es recuperar la soberanía alimentaria de los argentinos, mantener las empresas del grupo en marcha, y preservar las fuentes de trabajo».

«La empresa se presentó en concurso preventivo con un deuda de U$S 1.350 millones de dólares, de los cuales U$S 350 millones son con productores y U$S 1.000 millones con bancos. Al no haber acuerdo con los acreedores, se encaminaba a la quiebra, por lo que se decide rescatarla», agregó.

Desde la UCR, Luis Petri señaló que el Gobierno «expropia mal, administra peor y paga un costo altísimo por hacer las cosas con prepotencia y falta de apego al derecho. Después no le echen la culpa de todo al coronavirus, estás decisiones generan graves consecuencias».

La presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos (FdT) dijo que «el Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores».

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), optó por no abrir juicio aún sobre la expropiación de Vicentin, pero señaló: «Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos».

Su colega Leonardo Grosso (FdT-Movimiento Evita) dijo que «después de la enorme defraudación que hicieron los dueños privados, el Estado argentino va a expropiar Vicentin garantizando la continuidad de la empresa y de sus trabajadores. Un gran avance para conseguir nuestra soberanía alimentaria».