Denuncian que la Justicia Federal de Morón no paga el alquiler desde 2013

Por Sergio Farella (*)

El colmo es que la Justicia esté en la mira por no cumplir con su palabra, y los contratos: eso es lo que denuncia el propietario del edifico de los tribunales federales de Morón, que inició una demanda porque asegura que existe una ocupación ilegal desde el 2013, cuando dejaron de pagarle el canon locativo.

La demanda genera tal nivel de preocupación que es un vox populi en los pasillos del edificio ubicado en Crisólogo Larralde 673, donde funcionan los juzgados federales de primera instancia y tramitan causas de corrupción y de narcotráfico, entre muchas otras.

La denuncia fue iniciada por Jorge Eduardo Azariu, con la representación del abogado Julio Pablo Comadira, ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, y a medida que se tensaron las negociaciones pidió el desalojo por parte de los funcionarios judiciales.

En 2005, mediante licitación pública, se adjudicó el inmueble para el funcionamiento de los juzgados federales de Morón y en 2007 el propietario firmó un acuerdo de locación con la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura.

El contrato firmado tenía un plazo de tres años, por lo que vencía el 23 de mayo de 2010, y con un canon de 58.700 pesos.

El documento original permitía una única prórroga del contrato de locación, por lo que se hizo por otros tres años, esto es hasta 2013, con un nuevo canon locativo de 4.630.944 de pesos.

Cuando se intentó llegar a un acuerdo para una segunda prórroga y ante la falta de acuerdo del propietario por el valor mensual de alquiler, comenzó el problema.

Según el propietario, hay una ocupa ilegal desde el 23 de mayo de 2013, sumado a que al año siguiente dejaron de pagarle el canon mensual.

El denunciante incluso criticó que pese a la demanda en curso y la falta de pago, se hacían reformas en el edificio tales como la colocación de equipos de aire acondicionado.

En marzo de 2015, el Consejo ofreció pagar mensualmente 142.800 por mes basándose en un informe del Tribunal de Tasaciones, que dio que el valor locativo mensual y lo estimó en 125 mil pesos, pero el propietario impugnó ese informe.

Meses más tarde, en septiembre del mismo año el Consejo de la Magistratura ofertó una suma mensual de 161.000 pesos, y nuevamente el propietario impugnó el informe y mediante carta documento intimó al desalojo.

(*) Agencia Noticias Argentinas

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