Rechazaron el habeas corpus al abogado platense detenido ilegalmente, quien prepara un jury

Un juez de Neuquén rechazó el habeas corpus presentado por un abogado pidiendo seguridad, quien asiste a una persona que fue víctima de usurpación de costosas tierras en la exclusiva localidad de Villa La Angostura, confirmaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada luego de una audiencia desarrollada por video conferencia. El abogado Cristian Hugo Pettorosso, quien asiste a Jorge Sainz (poseedor de los terrenos en disputa), recurrirá la resolución, al tiempo que prepara una denuncia penal contra funcionarios judiciales y policiales neuquinos, y un pedido de juicio político.

La presentación del letrado fue por temor a represalias de funcionarios judiciales con los que confronta en defensa de los derechos que le asisten a su representado, víctima de usurpación, y quien fue amenazado de muerte por un Comisario de la policía neuquina. Esta particular y excepcional situación de gravedad institucional, se dio luego de la detención presuntamente ilegal que sufrieron el abogado Cristian Pettorosso, su cliente Jorge Sainz y un grupo de trabajadores que recuperaron el predio usurpado por una de las familias más acaudaladas y aristocráticas de la zona. Las tierras en disputa son dos hectáreas ubicadas en el exclusivo distrito de Cumelén, localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén.

Esa detención, al menos irregular, se ejecutó por orden de un alto funcionario de la Fiscalía local, sin mostrar orden alguna de juez competente, en el marco del litigio por usurpación que comenzó hace unos meses. El poseedor está enfrentado, como se dijo, a una de las familias más tradicionales e influyentes, política, judicial y socialmente en esa región sur de la provincia del Neuquén.

El escándalo judicial ya trascendió los límites de la provincia y llegó a distintas entidades colegiales de la abogacía de todo el país, tal como este medio informó en ediciones anteriores.

El abogado platense, de cuna neuquina, quien asiste a la víctima, dijo con vehemencia ante el juez «atacar a un abogado es agredir a todos los abogados del país», y agregó «Funcionarios infieles me ordenaron detener al lado de mi cliente, sin orden judicial. Es gravísimo», y sentenció el letrado Pettorosso que «algo huele hediondo en este expediente, violaron todas las leyes»

El alto funcionario sospechado por la familia Sainz, es el fiscal de Jefatura Fernando Rubio, quien habría dado una orden ilegal para que la ejecute su dependiente Jorge Ramiro Amaya, fiscal de Villa La Angostura.

La audiencia de habeas corpus, se desarrolló bajo la dirección del juez Mariano Etcheto, con sede en la ciudad de San Martín de los Andes. En ese marco, dijo el letrado platense, visiblemente indignado que «entró la policía por el lado de Cumelén, donde vive el imputado Gonzalo Detry, y, armas en mano, nos dijeron que por órdenes de fiscalía iban a desalojar y que quedaríamos detenidos»

Otra de las personas sospechadas de cometer delitos en esta sensible causa que tiene movilizada a las más altas autoridades policiales y judiciales de toda la Provincia del Neuquén, es el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa La Angostura, el arquitecto Fabián Arévalo, quien tiene relaciones con el fiscal Adrián De Lillo, magistrado que se excusó se seguir interviniendo, atento el tenor de las denuncias efectuadas por Sainz, mediante la severidad y contundencia de las presentaciones efectuadas por su abogado patrocinante, el platense Cristian Pettorosso.

La Dirección de Asuntos Internos de la policía neuquina, tomaría este caso de oficio, por la gravedad de los hechos que se están ventilando, a fines de investigar al comisario Alfaro, titular de la dependencia 28 de esa localidad sureña; quien, en el contexto del procedimiento irregular denunciado por la víctima de usurpación, habría amenazado de muerte a Jorge Sainz, según dijo éste ante el juez Etcheto, incluso motivado por problemas de larga data, según sostuvo.

Ante el temor a represalias de los funcionarios judiciales y policiales denunciados, el letrado recurrió al juzgado Federal de Zapala, donde presentó un habeas corpus en el que denunció la situación, acompañó pruebas, y por el que solicitó protección de fuerzas federales para él, su asistido, y sus familias. La presentación fue acompañada por la denuncia presentada ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados; con copia remitida al Colegio de Abogados de La Plata; Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; Colegio de Abogados de la Capital Federal y Colegio de Abogados de Neuquén.

La jueza Federal de Zapala se declaró incompetente y envió las actuaciones a la justicia provincial, donde rechazaron el pedido de seguridad personal, fija y ambulatoria, de fuerzas federales, como se había pedido.

Juan Losinno, abogado

Ante la gravedad institucional de los hechos denunciados, que está causando por estos días un terremoto en la judicatura neuquina. La inusual audiencia fue llevada a cabo en horas de la tarde del sábado pasado, donde participó como veedor el abogado Juan José Losinno, quien es conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por la colegiatura, y ex consejero titular del Colegio de Abogados de La Plata; además de representante del foro de la Asociación de Abogados Penalistas de la Provincia de Buenos Aires.

El abogado Pettorosso solicitó custodia de fuerzas federales, y pidió protección a los testigos, denunciando que están en presencia de una «banda mixta» integrada por particulares y funcionarios; y le aseguró al juez de la causa que volverán a ingresar al terreno usurpado, porque -dijo- es de su cliente Jorge Sainz.

EL CASO

Todo comenzó por una denuncia de usurpación de tierras. “Acá una maceta vale miles de dólares, imaginate 23000 metros cuadrados, que son más de dos hectáreas”, señaló el letrado en contacto con este medio.

La propiedad en litigio fue usurpada durante las primeras semanas del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Aprovecharon la cuarentena para meterse, alambraron todo, colocaron cruces y encontramos cinco cruces clavadas en la tierras que parecen marcar tumbas”, recordó el letrado.

Luego de la denuncia presentada ante el fiscal del distrito y una ampliación de la misma, el propietario de las tierras se cansó de la falta de respuesta judicial. Alquiló una retroexcavadora e ingresó a su predio. Derrumbó una construcción de madera que levantaron en el lugar, quitó cruces de los árboles y removió lo que parecían ser tumbas. Además encontraron una virgen enterrada. Todo quedó registrado en fotos y videos que tomó el abogado con su teléfono de uso particular y laboral.

En medio de la tarea, llegó una comitiva policial. El comisario del lugar invocó una hipotética orden oral de un fiscal y se llevó a todas las personas detenidas, con las manos esposadas a la espalda, como si fueran peligrosos hampones.

Luego de varios minutos en la seccional 28 de Villa La Angostura (a la que fueron llevados “a punta de escopeta”, según se mencionó en la audiencia), todos fueron liberados. Cada uno regresó a su domicilio. “Mañana (por este lunes 14 de septiembre) voy a presentar la denuncia contra las autoridades políticas y judiciales”, señaló Pettorosso, gobernado por un almácigo de sensaciones encontradas.

EXPEDIENTE CALIENTE

En la demanda se reclama que se investigue a una tradicional y acaudalada familia de la zona que, en presunta connivencia con un funcionario municipal, tomaron las tierras con clandestinidad, colocaron alambrado perimetral, abrieron caminos sin permisos, cortaron árboles y comenzaron con la construcción de un emprendimiento, que, se dijo, sería turístico.

El principal sospechoso está a cargo de una escuela de esquí, y su madre, vinculada a la tradicional Fiestas de los Jardines que se realiza todos los años la localidad cordillerana, son prósperos empresarios del lugar, con aceitados lazos y contactos con el poder político y con la judicatura neuquina. Uno de los funcionaros señalados es el arquitecto Fabián Arévalo quien se desempeña como Secretario de Obras Públicas, Catastro, Planeamiento, Infraestructura, Medio Ambiente y Fiscalizaciones de la Municipalidad de Villa La Angostura.

Las tierras en litigio son propiedad de  Sainz, quien las heredó de su padre fallecido. Según estableció la justicia Civil de esa provincia, la propiedad fue adquirida por su familia en 1980.

La denuncia penal por usurpación se presentó el 28 de mayo pasado, cuando los denunciados comenzaron con las tareas en el lugar y colocaron un cartel de “propiedad privada”. Esa primera presentación judicial no registró avances. En la ampliación de acusación realizada a fines de agosto, el abogado Pettorosso presentó pruebas en base a una investigación particular que hizo, herramienta aceptada en el Código Procesal Penal de esa provincia.

El lugar de los hechos se encuentra ubicado justo al lado de donde suele pasar sus vacaciones el ex presidente Mauricio Macri, junto a su familia.

En el voluminoso y puntilloso escrito puesto a conocimiento del Ministerio Público Fiscal de esa localidad sureña, se hace una prolija descripción del posible derrotero criminal de los acusados. También se aportaron fotos, audios y testigos para que sean citados a declarar. En las imágenes que obran en la causa, se observan “cruces de madera en distintos árboles y banderines de colores con inscripciones de leyendas espirituales, lo que lleva a pensar en ritualismos esotéricos”. Además se pidió protección a los testigos.

También solicitaron que un equipo forense identifique “posibles restos humanos o de animales que estarían enterrados junto a una cruz de madera -tipo tumba-, ubicada sobre uno de los laterales” en lo que habría sido un acto de «macumba», ritual o culto fetichista propio de los brasileños, que combina elementos del animismo africano, del catolicismo y de la hechicería con danzas, tamborileo y cantos. El sepulcro, según la denuncia, se ubica junto a una alambrada nueva que colocaron los intrusos con ayuda del funcionario denunciado.

Todo el material probatorio aportado por el denunciante y su abogado está en poder del fiscal del caso. “Villa La Angostura es una localidad pequeña, de quince mil habitantes, donde todos se conocen. Es imposible que tanta estructura puesta al servicio criminal, se pueda hacer sin la connivencia de sectores públicos que, oportunamente, considero que podrán ser auditados por organismos externos a esta provincia”, señaló Pettorosso en contacto telefónico con este medio.