Insólito: abogado recusó a todos los fiscales de una provincia

En una medida sin precedentes en el país, un abogado de La Plata recusó a todos los y las fiscales de una provincia, solicitó custodia personal por temor a represalias y que un funcionarios judicial de otra provincia tome la investigación de la denuncia a políticos, policías y funcionarios judiciales que realizó hace pocas semanas, tal como este medio informó entonces.

La jueza penal Leticia Lorenzo, desde la ciudad de Zapala, en la provincia del Neuquén, dio comienzo a una audiencia de tipo habeas corpus que, como anticipara este medio en ediciones anteriores, promete un cimbronazo en la estructura de la Judicatura neuquina.

El abogado platense Cristian Hugo Pettorosso formuló un pedido de recusación de todos los fiscales de Neuquén, al entender que el Ministerio Público Fiscal de aquellas tierras patagónicas, está violando la propia ley que debe respetar.

Con anterioridad, su asistido Jorge Sainz pidió a la Justicia custodia de fuerzas federales para él y su abogado, porque se siente amenazado por funcionarios judiciales, que, según opinó, habrían facilitado la usurpación de la propiedad que tiene su familia desde el año 1980.

Este insólito caso generó el apartamiento del fiscal Adrián De Lillo, por denuncias que hizo Sainz de amistad con el Secretario de Obras Públicas de la intendencia de Villa La Angostura, arquitecto Fabián Arévalo, otro de los imputados en la causa.

Como se recordará, una tradicional familia que cuenta con fluidos nexos en el ambiente judicial, está sospechada de usurpar las tierras de Sainz con la connivencia de funcionarios, según fuera plasmado en las denuncias.

El abogado Pettorosso, denunció ante la Justicia neuquina que fue privado ilegalmente de la libertad, junto a su cliente, el pasado domingo 13 de septiembre, en horas de la mañana, cuando habían recuperado la posesión de una importante propiedad perteneciente a la familia del nombrado, enclavada en un exclusivo barrio donde suele pasar sus vacaciones el ex presidente Mauricio Macri.

Jorge Sainz, dueño de las tierras en conflicto, dijo a este medio: “Entró la policía por Cumelén, sin mi permiso, por el lado donde vive el usurpador Gonzalo Detry, sin mostrar ningún papel, sin orden de allanamiento, diciendo en todo momento seguir disposiciones de los fiscales Jorge Ramiro Amaya y su jefe Fernando Rubio para llevarme preso junto a mi abogado”.

Consultado sobre estos hechos, Pettorosso aseguró “esto es una cuestión de gravedad institucional, de magnitudes nunca vistas. Mi cliente fue amenazado de muerte dentro de su terreno, por un comisario que dijo en todo momento cumplir órdenes de fiscales para privarnos de libertad, como finalmente sucedió, siendo desalojados de la propiedad de Sainz y llevados todos con escolta policial a la comisaría del pueblo, sin orden de juez competente”.

“Los abogados somos defensores de las instituciones. Es una misión sagrada, defendida hasta por cartas internacionales que protegen el actuar profesional. Cualquiera que agreda la toga de un matriculado, no solamente deberá responder ante la Justicia, sino que cargará al hombro el peso de su grave error; máxime en estas horas difíciles, que es cuando la gente más necesita de funcionarios probos y honestos, comprometidos con la ley, y que estén a la altura de ocupar los cargos de magistraturas que la sociedad les ha confiado”, reflexionó el letrado Pettorosso.

Este caso es inédito en la historia judicial de la provincia del Neuquén, y promete movimientos en la estructura judicial.

El letrado fue atacado por policías cuando estaba ejerciendo su trabajo dentro del inmueble de su cliente, quien habría sido previamente victimizado por una banda mixta, integrada por particulares y funcionarios, según se viene ventilando en distintas audiencias penales llevadas a cabo en aquella localidad del sur, también denominada “El Calafate del macrismo”.

En una emotiva y encendida exposición legal de los motivos que llevaron a denunciar a los funcionarios de justicia y policiales, Pettorosso defendió la semana pasada en el marco de un debate ante el juez de garantías Mariano Etcheto, los derechos confiados por su cliente, Jorge Sainz, quien dijo, visiblemente emocionado, mirando a la cámara, “me saco el sombrero con este abogado”.

El caso fue denunciado ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). El letrado recibió el apoyo de numerosos abogados del país, entre ellos, algunos de los más calificados juristas del fuero penal argentino y del derecho procesal iberoamericano.

La denuncia también fue notificada al Colegio de Abogados de Neuquén, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, de la ciudad de La Plata y también de la provincia de Buenos Aires.

EL CASO

Todo comenzó por una denuncia de usurpación de tierras. La propiedad en litigio fue usurpada durante las primeras semanas del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Aprovecharon la cuarentena para meterse, alambraron todo, colocaron cruces y encontramos cinco cruces clavadas en la tierras que parecen marcar tumbas”, recordó el letrado.

Luego de la denuncia presentada ante el fiscal del distrito y una ampliación de la misma, el propietario de las tierras se cansó de la falta de respuesta judicial. Alquiló una retroexcavadora e ingresó a su predio. Derrumbó una construcción de madera que levantaron en el lugar, quitó cruces de los árboles y removió lo que parecían ser tumbas. Además encontraron una virgen enterrada. Todo quedó registrado en fotos y videos que tomó el abogado con su teléfono de uso particular y laboral.

EXPEDIENTE CALIENTE

En la demanda se reclama que se investigue a una tradicional y acaudalada familia de la zona que, en presunta connivencia con un funcionario municipal, tomaron las tierras con clandestinidad, colocaron alambrado perimetral, abrieron caminos sin permisos, cortaron árboles y comenzaron con la construcción de un emprendimiento, que, se dijo, sería turístico.

El principal sospechoso está a cargo de una escuela de esquí, y su madre, vinculada a la tradicional Fiestas de los Jardines que se realiza todos los años la localidad cordillerana, son prósperos empresarios del lugar, con aceitados lazos y contactos con el poder político y con la judicatura neuquina.

La posesión de las tierras en litigio es de Sainz, quien las heredó de su padre fallecido. Según estableció la justicia Civil de esa provincia, la propiedad pertenece a la familia desde el año 1980.

La denuncia penal por usurpación se presentó el 28 de mayo pasado, cuando los denunciados comenzaron con las tareas en el lugar y colocaron un cartel de “propiedad privada”. Esa primera presentación judicial no registró avances. En la ampliación de acusación realizada a fines de agosto, el abogado Pettorosso presentó pruebas en base a una investigación particular que hizo, herramienta aceptada en el Código Procesal Penal de esa provincia.

En el voluminoso y puntilloso escrito puesto a conocimiento del Ministerio Público Fiscal de esa localidad sureña, se hace una descripción del posible derrotero criminal de los acusados. También se aportaron fotos, audios y testigos para que sean citados a declarar. En las imágenes que obran en la causa, se observan “cruces de madera en distintos árboles y banderines de colores con inscripciones de leyendas espirituales, lo que lleva a pensar en ritualismos esotéricos”. Además se pidió protección a los testigos.

También solicitaron que un equipo forense identifique “posibles restos humanos o de animales que estarían enterrados junto a una cruz de madera -tipo tumba-, ubicada sobre uno de los laterales” en lo que habría sido un acto de «macumba», ritual o culto fetichista propio de los brasileños, que combina elementos del animismo africano, del catolicismo y de la hechicería con danzas, tamborileo y cantos. El sepulcro, según la denuncia, se ubica junto a una alambrada nueva que colocaron los intrusos con ayuda del funcionario denunciado.