El ex juez César Melazo ya tiene tribunal para su juicio oral

Se terminó la novela. Luego de varias excusaciones de magistrados quedó conformado el tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral para el ex juez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, detenido y procesado junto a varias personas, acusados de conformar una asociación ilícita.

La causa fue elevada a juicio oral en agosto de 2020 y quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata. Luego de varios planteos de excusación de jueces que pedían no juzgar a su ex compañero de trabajo, el tribunal quedó integrado por la jueza Silvia Hoerr (del TOC II), Andrés Vitale y Santiago Paolini (ambos del TOC III).

Tras este incidente, hoy se desarrollÓ una audiencia presencial en la que la fiscal Victoria Huergo pedirá apartarse del caso y no ser quien impulse la acusación en el juicio oral. La defensa de Melazo, a cargo del letrado Christian Romano, se opone al pedido de excusación de la fiscal.

LA BANDA

Un ex juez, un lobista, un simulador, policías, barras, narcos, ladrones, abogados, un crimen y más magistrados en la mira. Todo esto se mezcla en la causa de la megabanda criminal que operaba en La Plata y fue desarticulada por una fiscal, luego de cinco años de silencioso trabajo que finalmente se coronó con el logro de la confirmación de elevación a juicio oral para el ex juez Melazo y el resto de los acusados, la mayoría de ellos detenidos y con prisión preventiva confirmada.

Por unanimidad, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la resolución dictada por el juez de Garantías, Agustín Crispo, quien avaló la investigación de la fiscal Betina Lacki y en enero de 2020 había dictado que el caso sea debatido en juicio oral.

Las defensas de los acusados apelaron esa resolución pero los jueces de Cámara, Laura Lasaga, Raúl Dalto y Sergio Almeida rechazaron los planteos de esa parte y confirmaron la resolución dictada a principios de ese año.

En la lista de procesados, junto a Melazo aparecen el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (personal de la comisaría Segunda); Javier Ronco; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor “Pepe” Vega, el exbarra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; el lobista Enrique Edgardo “Quique” Petrullo; y el ex jefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera.

Según se desprende de la investigación penal los procesados integraban una banda de delincuentes que “tomaron parte de una asociación” ilícita destinada a cometer “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas” y precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”. El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”. Todo con la protección judicial de ex juez Melazo.

La división de roles aparece con claridad en el expediente. Los policías Bursztyn, Mena y Chiusaroli liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni ayudaba con los autos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestros. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.

El ex policía Mena y Manes vendían drogas. En tanto, el ex barra Herrera y el lobista Petrullo eran los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui (también ex dirigente de Estudiantes de La Plata) quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue notificado de la investigación, pero no fue detenido porque posee fueros por el cargo pese a que fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense.