Magistrados piden la inconstitucionalidad de resolución jubilatoria de Anses

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) presentaron una demanda contra la Anses en el Fuero Contencioso Administrativo a fin de que se declare inconstitucional la resolución que el organismo previsional y de la seguridad social envía a los funcionarios judiciales que tienen iniciada la gestión para jubilarse aunque aún no la hicieron efectiva, para que completen el trámite o declinen del beneficio.

Con la firma de los presidentes de la Amfjn, Marcelo Gallo Tagle, y de la Affun, Carlos Rívolo, las entidades pidieron la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Anses y solicitaron una medida cautelar para que no se modifique la situación de sus expedientes administrativos ante el organismo.

La demanda fue interpuesta en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dado que los jueces y fiscales que la presentaron consideran que se trata del fuero competente para resolver sobre las condiciones vinculadas al acceso a las prestaciones previsionales de los magistrados.

Por sorteo, la demanda recayó en el Juzgado 2, a cargo de Esteban Furnari.

La resolución de la Anses alcanza a más de 200 jueces y fiscales, aunque no todos recibieron la intimación, y en ella se insta a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público que iniciaron su trámite jubilatorio a completar la gestión y renunciar a sus cargos, o declinar del beneficio.

La decisión del organismo previsional se funda en las nuevas normas del régimen de jubilaciones para el Poder Judicial, que fue modificado por el Congreso en marzo del año pasado con la sanción de la ley 27.546, y sobre esa base normativa es que actúa la Anses.

Las dos agrupaciones que presentaron la demanda -Amfjn y Affun- habían solicitado la inconstitucionalidad de la ley 27.546 en diciembre último.

Anteriormente, la ley que regía el régimen previsional del Poder Judicial, como el de otros sectores, era la 24.018, del año 1991.

La resolución de Anses se enmarca en el debate abierto por una práctica generalizada de algunos miembros del Poder Judicial que consiste en iniciar el trámite jubilatorio y no efectivizarlo, tras lo cual se sigue ejerciendo el cargo.

Eso permite continuar en funciones y, en el caso de recibir alguna acusación en el Consejo de la Magistratura, se completa rápidamente la gestión y se pide la jubilación antes de correr el riesgo de ser destituido.

Para muchos analistas se trata de un privilegio ya que el ciudadano común inicia los trámites jubilatorios en el momento en que se jubila, no antes.

En la presentación, ambas entidades destacan «los perjuicios graves en la administración de Justicia» que se están produciendo «desde la emisión misma» de la resolución Prev 11-46 de la Anses, que «además de no estar publicada, los empleados y funcionarios de la demandada la aplican como si se tratara de un acto interorgánico de la administración, por lo que se encuentra plenamente operativa».

También se menciona la supuesta «afectación» que ocasionaría la medida del órgano previsional y de la seguridad social porque, plantearon jueces y fiscales, se vulneran «derechos individuales» de los socios de las entidades.

Además, la demanda presentada por Amfjn y Affun advierte sobre «el quebrantamiento de la garantía constitucional de independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público perpetrada mediante un exceso reglamentario» que «regula regresiva e irrazonable del régimen previsional especial de sus integrantes».

«La centralidad del reclamo es que dichas modificaciones afectan la garantía constitucional de inamovilidad de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público y, consecuentemente, el principio republicano de independencia de este poder estatal», agrega.

A partir de un análisis del texto de la ley 24.018, la demanda plantea que el cese de la actividad «no es un requisito para la adquisición del derecho al beneficio previsional, sino tan sólo una condición para su percepción».

Según los magistrados y fiscales, la resolución de la Anses «confiere al organismo previsional la prerrogativa de emplazar a los beneficiarios a presentar la renuncia, asignando consecuencias jurídicas confusas tanto a su presentación como a la conducta contraria».

«Eso constituye una amenaza actual, abierta y patente a las garantías de inamovilidad consagradas en la Constitución», señala.