Impulsan medidas de pruebas y la reapertura de causas por la trágica inundación de La Plata

La causa aún abierta por la trágica inundación que golpeó a La Plata los días 2 y 3 de abril de 2013 registra novedades de los últimos días que se vienen trabajando bajo un prudente silencio por parte de platenses damnificados confirmaron fuentes judiciales a CyP Noticias.

Es un expediente penal que está radicado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón. En rigor se trata del expediente “Alcance 1” que heredó de sus predecesores en el cargo, Jorge Paolini y Hugo Tesón, en el que se apunta a las responsabilidades políticas de la tragedia.

Luego del naufragio de la capital bonaerense, hubo decenas de denuncias que apuntaban a investigar distintos tipos de delitos. Las mismas se agruparon en tres grandes grupos. Uno de ellos es el que indaga sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.

El primero de los tramos de ese bloque quedó cerrado el miércoles 6 de marzo de 2019 con el juicio a Sergio Ariel Lezana, ex titular de Defensa Civil de La Plata al momento del desastre, con raíz en una lluvia extraordinaria sumada a la falta de obras de infraestructura y mantenimiento, que eran responsabilidades de las gestiones de Daniel Scioli como gobernador y Pablo Bruera como intendente. Junto a ellos, corre la suerte de varios ex funcionarios provinciales y municipales, para quienes los delitos, en principio, no prescriben. Lezana pagó una multa de $12.500 y así se cerró la trama de “estrago culposo”. La ley habilita que causas por ese delito se resuelvan por vías alternativas a un juicio oral.

Pero una nueva batería de nuevas medidas que se presentarán en la próxima semana serán claves para el avance definitivo de una de las aristas del caso. Marcelo Peña, abogado de uno de los damnificados, presentará la próxima semana un pedido para que su asistido sea aceptado como particular damnificado en la causa, una especie de querellante particular. En caso de ser aceptado, estará en condiciones de producir medidas de pruebas o solicitarlas al fiscal del caso.

En diálogo con este medio el abogado no descartó pedir el cambio de Departamento Judicial de la causa “debido a la inactividad procesal” que se registra por parte de los funcionarios judiciales.

“Vamos a pelearla hasta el final”, asegura el abogado. Según él, lo más importante son los informes sobre la forma en que se hizo la identificación de los cadáveres y los consecuentes certificados de defunción que en muchos casos acreditaron de modo apócrifo decesos por motivos diferentes a la asfixia por inmersión pese que las personas se habían ahogado. También denuncia una maniobra para proteger a los funcionarios: “Hubo una estrategia judicial para evitar que las responsabilidades políticas fueran investigadas a fondo y forzar la prescripción. Eso es lo que estamos denunciando y vamos a intentar impedir en esta fase de la causa”, sentenció Peña para quien “es necesario sustanciar un juicio para determinar las responsabilidades y es sustancial para que toda la comunidad sepa la verdad sobre lo ocurrido”.

Oficialmente la provincia de Buenos Aires nunca reconoció los “al menos” 89 muertos que se detallan en la sentencia dictada por el entonces juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias. Es más, la fiscalía de Estado bonaerense (a cargo del radical Hernán Gómez) apeló esta sentencia que luego fue confirmada en la Cámara del fuero específico. A la fecha, la cifra real de muertos sigue siendo una incógnita, es una de las grandes deudas de los tres niveles del Estado con la sociedad platense.

Durante los días siguientes a la catástrofe los investigadores y funcionarios actuaron con un criterio policial, alejado de cualquier protocolo sanitario. Inclusive un funcionario del ministerio de Seguridad (Alejandro Incháurregui) elevó un protocolo de acción ante catástrofes que nunca fue tenido en cuenta. Ese documento es muy revelador en cuánto deben actuar los funcionarios encargados de determinar la cantidad real de víctimas fatales (o una cifra lo más cercana a ella posible).

La investigación en relación a lo ocurrido con los certificados de defunción también se archivó sin encontrar responsabilidades ni culpables de posibles adulteraciones de actas de defunción que enmascararon la cifra real de víctimas fatales, haciendo que la cifra final tenga una tendencia a la baja.

Dentro de este panorama el dato a tener en cuenta es que las causas están archivadas, no existen sobreseimientos ni absoluciones, es decir, que ante la aparición de nuevos elementos de prueba, esas investigaciones pueden ser abiertas nuevamente.

Por su parte el ex juez en lo Contencioso y Administrativo Luis Federico Arias consideró que “no tiene ninguna expectativa” de que el fuero penal establezca las responsabilidades políticas sobre las inundaciones que afectaron a la capital bonaerense en abril de 2013.

En declaraciones a Radio Provincia, el ex magistrado confirmó que “la inundación ocurrió hace 8 años (2 de abril del 2013) y nadie quiere entrar en razón”.

“Las 89 víctimas fatales y 12 casos dudosos que no se pudieron comprobar es el número final”, señaló Arias que actuó en una causa sobre la cantidad de víctimas fatales que arrojó esa inundación.

“El fuero penal platense no va a avanzar porque hay un sistema de impunidad. No van a ver nunca un funcionario importante condenado en ninguna causa, no tengo expectativas”, finalizó Arias.