Nación y Ciudad volverán a verse en mayo en la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires se vuelvan a reunir el 12 de mayo próximo, en el intento de acordar criterios comunes para definir el traspaso de la Policía con sus respectivos fondos en el marco del diálogo, tal como fija la ley de diciembre de 2020 aprobada en el Congreso a propuesta del Ejecutivo.

El máximo tribunal lo resolvió tras la audiencia conciliatoria realizada este miércoles entre los representantes del Ejecutivo Nacional y de la Ciudad, a fin de que las partes lleguen a un entendimiento, informaron fuentes que participaron del encuentro.

Con esta decisión, el máximo tribunal dictó la suspensión de todos los plazos procesales después de que le corriera vista al Estado Nacional y le diera un plazo de 60 días hábiles para contestar la demanda, según pudo reconstruir esta agencia.

La decisión de disponer un cuarto intermedio después de casi dos horas de reunión y posponer el diálogo para mediados de mayo, fue adoptada por la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema.

«Abierto el acto y luego de un intercambio de ideas se establece un cuarto intermedio y se fija una nueva audiencia para el día 12 de mayo del corriente a las 11», señala el acta de la audiencia.

El documento establece que «se suspenden los plazos procesales», es decir, que no corren los 60 días que tenía el Estado Nacional para contestar la demanda iniciada por la administración porteña.

En representación de la Ciudad concurrieron el Procurador General, Gabriel María Astarloa; el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Por el Estado Nacional participaron los letrados apoderados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Yamone y Guillermo Anderson.

Los abogados del Ministerio de Economía nacional solo manifestaron que por el artículo 2 de la Ley 27.606, que regula la transferencia del sistema de seguridad a la Ciudad, la administración porteña «debe avenirse a dialogar», según manifestaron las fuentes presentes en la reunión.

Ese artículo prescribe que «el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad en el marco del convenio aprobado por el artículo 1° de la presente y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad».

La audiencia comenzó media hora más tarde de los previsto, a las 11.30, y se extendió hasta poco más de las 13, en la redacción del acta y los intercambios informales de los representantes con el secretario letrado.

En septiembre del año pasado la Ciudad concurrió a la Corte para solicitar una «declaración de certeza» en torno a la rebaja del 1,18% a la coparticipación porteña que aplicó la gestión de Alberto Fernández y remarcó que se trató de una decisión inconsulta.

El actual Gobierno justificó esa reasignación en el hecho de que esa alícuota había sido concedida por decreto en 2016 por el entonces presidente, Mauricio Macri.