Las cuentas públicas de 2017 rechazadas «por irregularidades del Gobierno de Macri»

La Auditoría General de la Nación (AGN) no convalidó la ejecución presupuestaria correspondiente a la Cuenta de Inversión perteneciente al ejercicio fiscal 2017, debido a las «numerosas irregularidades encontradas en el manejo de la deuda pública durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri», se informó en un comunicado.

En cuanto a la deuda pública de ese año, el mayor endeudamiento externo en la historia de la Argentina, el organismo relevó que fue tomado sin «un análisis de sustentabilidad» ni «del riesgo cambiario», entre otras anomalías detectadas.

Por mandato constitucional, la AGN debe analizar los estados contables y la ejecución presupuestaria que presenta anualmente la Administración Pública Nacional, pero al momento de analizar los estados contables y la ejecución presupuestaria correspondientes a la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2017, los datos no fueron convalidados.

En la sesión del Colegio de Auditores de la AGN, con el voto de la mayoría, se emitió un dictamen de “abstención de opinión”, como consecuencia de las «numerosas irregularidades e incertidumbres que impiden convalidar la rendición de cuentas presentada», según el comunicado difundido.

En el mismo sentido, se recordó que el dictamen técnico «es imprescindible para que el Congreso pueda evaluar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el manejo de los fondos públicos».

De la sesión participaron el titular del Colegio de Auditores, Jesús Rodríguez; y los auditores generales María Graciela de la Rosa, Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva.

Según la normativa vigente, los equipos técnicos “se abstendrán de opinar” cuando «no pueda obtener elementos de juicio válidos y suficientes en los que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser significativos y generalizados».

También podrán abstenerse cuando «en circunstancias que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido elementos de juicio válidos y suficientes con relación a cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros».

En tanto, el capítulo más debatido entre los auditores fue el relacionado con la deuda pública de ese año, donde se registra el mayor endeudamiento externo en la historia de la Argentina, duplicándose en solo 2 años (2016/2017) la deuda externa del país.

La auditoría encontró que «el endeudamiento sobrepasó lo autorizado por el Congreso Nacional» y que esa situación «intentó subsanarse con el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin embargo, el mismo tenía fecha posterior a varias emisiones de deuda realizadas».

En este contexto, pudo verificarse que el Gobierno de Macri «carecía de una estrategia de endeudamiento de acuerdo a los lineamientos internacionales y que tampoco realizaba análisis de sustentabilidad de la deuda y del riesgo cambiario».

Por otro lado, se indicó que «llevaba el registro histórico de las emisiones en forma precaria en una planilla Excel que es fácilmente modificable y por fuera del sistema de registración oficial de la deuda pública».

Ello dio como resultado que durante el ejercicio 2017 la deuda pública aumentó 48.723 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 18% en dólares con respecto del año anterior. Esta deuda pasó a representar el 56,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

En el informe se destaca que «más del 70% de la deuda estaba nominada en moneda extranjera, casi el 30% de la deuda era a tasa variable, el 30% de la deuda vencía en los dos siguientes ejercicios, es decir en 2018 y 2019, y se colocó un título de deuda externa a 100 años de plazo con un rendimiento para la inversión del 7,9% anual, por el cual a su vencimiento debían pagarse 21.725 millones de dólares en concepto de intereses».