Los cinco ministros de la Corte Suprema deberán decidir antes del 30 de septiembre la presidencia del cuerpo, hoy en manos de Carlos Rosenkrantz, en una elección que definirá el perfil del máximo tribunal de justicia del país para los próximos tres años.

Si bien la Corte es la cabeza de uno de los tres poderes de la Nación y la elección de su presidente es un hecho político, en el tribunal recuerdan que el candidato, o candidata, necesita tres votos para ser elegido y nada más.

La aclaración apunta a la construcción que viene haciendo en este proceso quien fue titular de la Corte durante casi 12 años, Ricardo Lorenzetti, para ser nuevamente elegido en base al apoyo de las dos fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que en principio no verían mal que vuelva a conducir el tribunal.

El nuevo mandato para Lorenzetti cobró impulso con la presentación de un proyecto de ley del diputado radical Emiliano Yacobitti para que la presidencia de la Corte quede en manos del juez más antiguo del cuerpo, quitando así la potestad de los ministros para elegir a la cabeza del tribunal.

Si se sancionara esta norma, con estado parlamentario pero sin apoyos significativos hasta ahora, el próximo presidente sería Juan Carlos Maqueda o en su defecto Elena Highton de Nolasco, los dos miembros más antiguos.

La apuesta de Lorenzetti es que los «veteranos» de la Corte desistan de la gran carga de gestión administrativa-judicial que representa la presidencia y cedan el espacio a él, tercero entre los más añejos, pero todo indica que el proyecto de Yacobitti, si es que se aprueba, saldrá después del 30 de septiembre y no afectará esta elección.

Con las chances de Lorenzetti moderadas para esta vuelta, aparecen favorecidas las posiciones del actual presidente Rosenkrantz, aunque su gestión de baja intensidad cosechó críticas públicas como privadas, y las del ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, ungido juez de la Corte por Mauricio Macri, Horacio Rosatti.

Los cuestionamientos a Rosenkrantz apuntan a que no supo articular con los sectores que conforman el Poder Judicial, como los gremios, los jueces e incluso el mismo poder político, tal vez por falta de práctica, ya que su carrera la desarrolló mayormente en el sector corporativo, con otros usos y costumbres.

En cuanto a Rosatti, el análisis en el Palacio es que tiene a favor el hecho de ser el más joven del tribunal, en un momento en el que existe cierto consenso en que se debe renovar la justicia, y sin una gestión frente a la Corte para revisar y cuestionar, como es el caso de Lorenzetti y Rosenkrantz.

Además, Rosatti tiene a favor experiencia en gestión política-administrativa, como intendente de la ciudad de Santa Fe (1995-1999) y previo a eso como convencional constituyente en 1994 y Procurador del Tesoro entre 2003 y 2004, un capital que en esta coyuntura compleja del tribunal es bienvenido.

«Se va a definir en un encuentro de los ministros pero unos días antes de que venza el mandato», prometen en la Corte, bajando la expectativa a una interna que, dicen, es secundaria por la intensidad que se le viene imprimiendo a la tarea judicial de la Corte.

El alto tribunal está despachando un promedio de 600 expedientes semanales, entre fallos, acordadas y resoluciones, cuando en 2019, sin pandemia, las decisiones de la Corte rondaban las 250 por semana.

Volver a darle a la Corte capacidad de respuesta y centralidad en el sistema institucional es un acuerdo con pleno consenso entre los cinco ministros, pero también que la Corte tenga un presidente que le pueda poner límites a los intentos de judicializar la política, como fue el caso de los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, citan en el Palacio.

También recuerdan que la elección de Rosenkrantz se definió en tres días, como un trámite más de los muchos que deben resolver los ministros de la Corte cada día, más allá de las repercusiones que esas decisiones tengan en los medios o en la sociedad.