El presidente Alberto Fernández instó a los líderes mundiales a implementar «un gran pacto de solidaridad ambiental» y volvió a subrayar la necesidad de aplicar los Derechos Especiales de Giro del FMI a ese fin. En su discurso en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP26 en Glasgow, el jefe de Estado llamó a hacer «aportes concretos» para revertir el calentamiento global.

Además, destacó que esos esfuerzos deben «inscribirse en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero bien diferenciadas», y señaló que «deben estar acompañados por medios para su implementación que permitan una transición hacia una economía limpia, con menos carbono».

Desde la ciudad escocesa, el mandatario ratificó el compromiso de la Argentina de «adoptar a la acción ambiental como política de Estado».

«La crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19 no hizo sino desnudar una crisis mucho mayor y multidimensional de insostenibilidad y desequilibrio que afecta al ambiente, la sociedad y la economía» y que «amplió las brechas preexistentes, entre países y personas».

Ante este panorama, Alberto Fernández insistió en que «para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias se deben crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental».

En el Scottish Event Campus, donde se llevó a cabo la jornada, insistió en la necesidad de aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del FMI para «un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas».

Asimismo, resaltó la importancia de «fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los Bancos Regionales de Desarrollo».

El Presidente también propuso la creación de un «comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo».

Fernández propició para que el comité «trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social».