«Un desprecio total hacia la vida». Eso fue lo que demostró para un fiscal y un juez la actuación de una alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a quien decidieron llevar a juicio acusada de haber asesinado de tres disparos con balas de plomo a un preso de la Unidad 23 de Florencio Varela durante una protesta en reclamo de arrestos domiciliarios en abril de 2020.

Eliana Daniela Heidenreich tenía 34 años y era jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAyS) cuando el 22 de abril del año pasado, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) por la pandemia de coronavirus, se dirigió armada con una escopeta calibre 12/70 de la fuerza al muro perimetral de la prisión para actuar ante una protesta de un grupo de presos que había subido a los techos para hacer visible su reclamo para conseguir la prisión domiciliaria.

La señora «robusta», «rubia», «grandota», «de apellido raro que comienza con H» fue rápidamente así identificada por otros penitenciarios y presos como quien se ubicó entre los puestos 2 y 3 del muro y efectuó los tres disparos con cartuchos multipropósito -que tienen munición de plomo- que mataron al preso Federico Rodrigo Rey (23), según consta en el auto de elevación a juicio firmado por el juez de Garantías de Quilmes Adrián Villagra.

Rey, un joven oriundo de la localidad de Monte Grande, donde fue criado por su padre y su tía, estaba bajo prisión preventiva desde 2018 por el delito de robo y murió prácticamente en el acto en el techo del penal, donde se desplomó.

«Luego de posicionarse en el angosto pasillo que se encuentra en el muro perimetral de las Unidades Penitenciarias, frente a los pabellones que habitan los internos, conocido en el ambiente penitenciario como cajón, (la acusada) apuntó hacia donde se encontraba el interno Rey, realizando varios disparos, siendo el primero de ellos el que llamó la atención de todos los compañeros-camaradas de Heidenreich (…) quienes le advirtieron que estaba disparando con cartuchería letal, con posta de plomo, y que por ello cese en su accionar», según describió el fiscal del caso, Cristian Granados, en su requerimiento de elevación a juicio.

En el escrito del fiscal Granados agrega: «Sin embargo, la nombrada Oficial Alcaide Mayor volvió a realizar dicha acción en dos oportunidades más, demostrando de esa manera un desprecio total hacia la vida del interno que se encontraba subido al techo de un pabellón y la intención de causarle la muerte, al seguir disparando con las postas de plomo».

Heidenreich llegará a juicio acusada de «homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario y mediante el empleo de arma de fuego» por la fiscalía y por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa en la causa en representación del padre de Rey y también como querella institucional en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, explicaron desde el organismo.

La oficial penitenciaria, quien actualmente se encuentra separada de sus funciones y sometida a un sumario administrativo del SPB, está en libertad desde agosto de 2020, cuando fue excarcelada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, que consideró que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación y que ya anteriormente la había beneficiado con un cambio de calificación de la causa a «homicidio culposo», es decir, sin intención.

No obstante, al pedir en abril último que vaya a juicio, el fiscal Granados insistió en endilgarle el delito de «homicidio agravado», lo que fue aceptado el 3 de este mes por el juez Villagra, al considerar que la acusación es potestad del Ministerio Público.

Además de Heidenreich, serán juzgados en el mismo debate otros dos integrantes del SPB: el subprefecto Gastón Darío Abila (36) y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi (43).

Ambos están acusados de encubrimiento agravado, ya que de acuerdo a la pesquisa ocultaron los cartuchos de plomo disparados por la oficial.

De hecho, a poco de trascender la muerte de Rey, la primera información que se dio a conocer es que había sido asesinado a puñaladas en una pelea entre presos.

Para el fiscal y el juez, ambos penitenciarios deben ser juzgados por «no denunciar la perpetración de un delito cuando estuvieren obligados a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por tratarse de un delito especialmente grave y porque el autor es un funcionario público».

Para sostener las acusaciones tanto de la penitenciaria como de sus compañeros – también en libertad-, el fiscal recopiló numerosos testimonios de efectivos del SPB y de presos sobre los sucesos ocurridos ese 22 de abril.

Uno de ellos fue el de la oficial Johana Flores, quien recordó que fue alertada de que un grupo de presos alojados en el pabellón 6 de la prisión habían subido a los techos y que uno de ellos estaba muerto.

«Como ya hay un plan preestablecido ante una contingencia de gravedad, el personal femenino va hacia el Muro Perimetral mientras que el masculino hacia el Penal. Pregunté si había que retirar armamento y me dijeron que no, que ya no había armamento para entregar, que ya habían entregado todo el armamento y que suba al muro», recordó la penitenciaria.

Una vez allí, dijo, se encontró con una compañera que le contó que en «la parte interna del muro perimetral -al que llaman cajón- había cartuchos de posta de guerra (…) que son de plomo, de color rojo», a diferencia de los de posta de goma, que son azules.

Siempre según esa testigo, su compañera le manifestó que se había llevado esos cartuchos y que se los había entregado a otra penitenciaria, quien a su vez se los dio al subrprefecto Abila, subjefe de la Guardia.

Flores atestiguó que más tarde vio al ahora también imputado Bergonzi cuando «saca de uno de los bolsillos de su pantalón los tres cartuchos de guerra, de color rojo», tras lo cual se los entregó a ella y le dijo: «tenelos vos, ahora me los das» y a continuación le pidió que «no comente nada».

La testigo agregó que tras ello vio el cuerpo de Rey y que en ese momento se dio cuenta que entre las lesiones que presentaba tenía un «orificio en la cabeza».

«Eran como las 22.30 horas y yo seguía teniendo encima los tres cartuchos y nadie me decía qué hacer» recordó la testigo, quien finalmente dijo que los dejó en un cajón de su escritorio hasta que más tarde decidió entregarlos a las autoridades.

Sobre la actuación de Heidenreich, la misma penitenciaria aseguró que fue quien disparó esas balas de plomo: «Tiró sin orden de un superior. Nunca se tira desde el muro», expresó.

Otra testigo, la oficial Johana Villalba explicó que la acusada «tenía la escopeta apoyada sobre el cajón, así le decimos a la pared del muro, apuntando hacia donde están los pabellones y de lo que sería la recamara vi el cartucho de color rojo, que significa posta de guerra. Ahí le dije ‘pará, pará, le estás tirando con posta de guerra’ y le dije ‘sacá eso’, por los cartuchos rojos, y ella no me dijo nada».

Federico Rey, según la autopsia, murió a raíz de tres impactos de proyectil de plomo: uno en el parietal derecho, otro en la zona posterior del cuello y un tercero en el hemitórax.

El informe balístico realizado en la causa concluyó que «las tres vainas mencionadas han sido disparadas y accionadas por una misma arma de fuego» que fue una «escopeta marca Magtech, calibre 12», «accionada por la imputada Heidenreich», indica la acusación fiscal.

Tras la decisión de que el caso vaya a debate, las defensas de los penitenciarios podrán ahora presentar sus objeciones y planteos, antes de que se designe el tribunal que fijará la fecha de inicio del juicio.