martes, agosto 9

Ara San Juan: procesaron y embargaron a Macri

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El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, dictó el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por el supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan durante el gobierno de Cambiemos.

A su vez, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país al ex mandatario y le dictó un embargo de 100 millones de pesos. Si bien el impedimento para viajar al exterior ya había sido dispuesto por el juez cuando convocó al ex presidente a indagatoria, la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata la semana pasada. Hoy, volvió a entrar en vigencia con el fallo del procesamiento.

Bava considera que el ex jefe de Estado puede tener responsabilidad directa sobre los seguimientos y el ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares de los tripulantes del submarino entre noviembre de 2017 y fines de 2018. “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez en la resolución que publicó Infobae.

Lo cierto es que el fallo de Bava no fue una sorpresa. El martes, el juez había firmado el procesamiento de dos ex jefes del área Contrainteligencia de la central de espías, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. En aquella resolución, sostuvo que «es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno Nacional hayan estado al margen de los sucesos”.

Según el juez interino de Dolores, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”.

Además, remarcó que más allá de que algunos imputados en la causa hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

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