El Congreso unicameral de Perú rechazó la moción que un grupo de legisladores presentó con el propósito de someter a juicio político, y eventualmente destituir, al presidente Pedro Castillo por la causa constitucional de “incapacidad moral permanente”.

Al cabo de un debate que duró alrededor de dos horas, se registraron 76 votos contra la moción, 46 a favor y cuatro abstenciones, con 126 de los 130 congresistas totales presentes, según la transmisión en vivo del parlamento.

Para que la moción prosperara se necesitaban al menos 52 votos, equivalentes a 40% de los congresistas totales, tal como recordó antes de la votación la presidenta del parlamento, María del Carmen Alva.

El debate comenzó con bastante demora en relación con lo previsto, minutos antes de las 18 (las 20 en la Argentina), después de una extensa interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo.

La primera en exponer fue la tercera vicepresidenta del parlamento y principal impulsora de la iniciativa, Patricia Chirinos, del partido liberal de derecha Avanza País.

“Desde que presenté esta moción de vacancia hemos tenido diferencia de formas, pero todos hemos coincidido en la imperiosa necesidad de que el presidente dé explicaciones detalladas al pueblo peruano” en referencia a presuntos actos de corrupción en su gobierno, sostuvo Chirinos.

Entre quienes rechazaron la iniciativa, Jhakeline Ugarte, del partido gobernante de izquierda Perú Libre (PL), argumentó que “se pretende hacer uso y abuso de este mecanismo excepcional” con el fin de satisfacer “intereses personales y de grupo, y no de las grandes mayorías del país”.

“La vacancia, como se plantea, no es parte del control político, no es parte de la lucha contra la corrupción, sino un arma política que lo único que hace es arrastrarnos a profundizar la crisis económica”, afirmó Sigrid Bazán, del partido de izquierda moderada Juntos por el Perú.

Eduardo Salhuana, de la conservadora Alianza Para el Progreso (APP), llamó a observar “los principios y valores democráticos”, lo que, a su juicio, “implica el respeto a las instituciones y a la voluntad popular que eligió a un presidente para cinco años”.

La propuesta de juzgar a Castillo -por la causa constitucional de “incapacidad moral permanente”- fue presentada el 25 de noviembre por 28 legisladores de tres bancadas opositoras.

De haber prosperado, habría sido el quinto juicio político a un presidente en los últimos cuatro años, pues Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020, afrontaron dos cada uno y dejaron el gobierno al cabo del segundo en cada caso.

La iniciativa ya había sido rechazada o considerada de improbable éxito por varios de los principales analistas políticos locales.

“Creo que la vacancia se ha desinflado por falta de una supuesta prueba que lo conecte (a Castillo) con la corrupción, pero su gobierno sigue siendo muy caótico, sin orden, equipo, alianzas y mucha impericia”, había dicho Augusto Álvarez Rodrich, uno de los columnistas centrales del diario de izquierda La República, según la agencia de noticias AFP.

“Forzar la figura de la vacancia, como ya ha ocurrido antes, lo único que ha llevado es a mayor inestabilidad y usar la Constitución, violándola; esto no libera a Pedro Castillo de encabezar un mal gobierno», criticó el politólogo Fernando Tuesta en su blog.

Castillo, que asumió el gobierno a fines de julio pasado, quedó en entredicho por varias denuncias divulgadas en las últimas semanas e investigadas por el Congreso y la Justicia.

Esas denuncias involucran al mandatario y a algunos de sus colaboradores en gestiones irregulares para favorecer la situación de empresas y personas ante la autoridad tributaria y facilitar el ascenso de militares cercanos, así como en reuniones con empresarios y ejecutivos en un domicilio privado, al margen de la actividad oficial.

Con el ánimo de desactivar la posibilidad del juicio político y mejorar la relación con la oposición, el jefe del Estado convocó a una reunión con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria.

Sin embargo, algunos jefes partidarios, como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, de las agrupaciones de derecha Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), respectivamente, rechazaron la invitación.