El presidente de Perú, Pedro Castillo, envió al Congreso, como había anunciado la semana pasada, un proyecto de ley de reforma constitucional que autoriza someter a un referendo el eventual llamado a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, iniciativa que ya generó el rechazo de sectores opositores.
La iniciativa encierra un complejo mecanismo, porque tienen una cláusula transitoria que habilita a hacer un referendo en coincidencia con las elecciones regionales de octubre y solo en caso de un triunfo del Sí se iniciaría un proceso constituyente que también sería cerrado con otra consulta popular, en este caso para aprobar o rechazar el nuevo texto.
«¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”, es la pregunta que se le haría a la ciudadanía en los comicios de octubre, si la iniciativa logra el visto bueno del Congreso.
El proyecto de ley –consignado por la estatal agencia Andina- incorpora a la Constitución un artículo que señala que “la elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometido a referéndum popular ratificatorio”.
Y aclara que el llamado a un referéndum para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente “corresponde al presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros; o por solicitud de los dos tercios del número legal de congresistas; o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0.3 % de la población electoral nacional”.
La propuesta establece que la elección de asambleístas deberá hacerse en no más de 120 días desde la convocatoria y que el cuerpo tendrá un plazo máximo de nueve meses, que solo podrá prorrogarse por otros tres, para elaborar una nueva Carta Magna.
Para el referendo de aprobación del nuevo texto exige “el voto favorable de más de la mitad de sufragios, sin considerar los votos en blanco y nulos”.
La Asamblea Constituyente estará formada por 130 asambleístas y será de carácter popular, plurinacional y tendrá paridad de género, impulsa el proyecto, que reserva bancas para los partidos tradicionales, para independientes, para representantes de pueblos indígenas y para representantes de los pueblos afroperuanos.
El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, defendió el envío del proyecto con el argumento de que “lo pedía la población en diferentes partes del país” y rechazó la críticas a la iniciativa al afirmar que “ni el presidente de la República ni los ministros de Estado escribirán una línea” de la nueva Carta Magna.
«La Constitución va a ser redactada por la Asamblea Constituyente, el poder supremo», subrayó.
Igualmente, dejó en manos del Congreso –donde el oficialismo no tiene mayoría y conviven una decena de bloques- la decisión final sobre la suerte de la propuesta.
«El Congreso podrá someterlo a debate y aprobarlo o podrá no hacerlo. Solo si el Congreso aprueba el proyecto se tendrá que ir a referéndum para establecer si el pueblo opta por una Asamblea Constituyente», detalló en conferencia de prensa, junto a otros integrantes del gabinete.
E insistió: “habría entonces dos referéndums en total: uno de entrada para consultar a la población si quiere o no que se convoque a una Asamblea Constituyente y otro para ratificar la nueva Constitución”.
Aún antes del envío formal del proyecto al legislativo, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, criticó que la intención de Castillo detrás de esta iniciativa es la de «cerrar» la Cámara en una suerte de «golpe de Estado».
«Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere. Desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso», objetó Alva, que juzgó «inviable» el proyecto.
La jefa del Congreso, del opositor Acción Popular, de centro, dijo que la oposición está «tratando de que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela”, porque “el objetivo de este gobierno es cerrar el Congreso y sin Congreso no hay democracia».
Torres rechazó que el Ejecutivo se proponga el cierre del Parlamento. “En ningún instante; ni en los momentos más difíciles», aseveró.
También la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, respaldó la propuesta, con el simple argumento de reclamar que el pueblo se exprese.
«Hace bastante tiempo he indicado que hay un lema que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces no le tengamos miedo a lo que el pueblo diga», señaló en declaraciones a la prensa.
Si Alva especuló con que Castillo podría ser “pasible de una denuncia constitucional“, su par Diego Bazán, de Avanza País, consideró directamente que la forma en la que se haría la consulta popular sería “causal de vacancia”.