El juicio oral para seis personas acusadas de haber sido beneficiarias de elevadas jubilaciones como magistrados otorgadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires se reanudará este martes 24 de mayo luego de la postergación por problemas de salud de uno de los jueces del Tribunal Oral Criminal I de La Plata.

En el banquillo de los acusados están sentados Alberto WitonAlberto RosellJulio Di Jorgis, jardinero; Guillermo Cendoya, pintor; Obdulio Petraglia, vendedor ambulante analfabeto y Marta Cabrera, empleada doméstica y víctima de violencia de género. Todos trabajadores de bajos recursos. Petraglia y Cabrera son oriundos de Mar del Plata, declararon en la primera jornada de juicio y aceptaron su responsabilidad.

Por este hecho fueron procesados también por asociación ilícita Jorge Rodríguez SueiroAlejandro Avichelli, jefe de Departamento del IPS y Gustavo Spaltro, todos empleados del IPS, pero esperan una resolución en el marco de un juicio abreviado que tramita en otro tribunal.

Se sospecha que los empleados del IPS conformaron una banda que funcionaba en el organismo y que tramitaba jubilaciones a falsos fiscales y jueces para luego percibir los elevados haberes que cobran esos funcionarios judiciales.

La banda obtenía datos personales de personas de bajos recursos, los hacían pasar por fiscal y/o juez bonaerense e iniciaban su trámite jubilatorio en el IPS a espaldas de quienes habían dados su información personal. Funcionarios del IPS con acceso a todas las claves de seguridad del sistema informático daban curso al expediente hasta su aprobación, lo que permitía que la banda percibiera haberes mensuales de 50 mil pesos y retroactivos de entre 500 y 900 mil pesos, pero las seis personas juzgadas solo recibieron hasta tres pagos mensuales de entre dos mil y tres mil pesos.

La causa fue investigada por el exfiscal de Delitos Complejos de La Plata Jorge Paolini, quien determinó que los delitos se habrían cometido entre el 2013 y el 2014 en La Plata Brandsen y Mar del Plata. El fiscal ahora impulsa la acusación en el juicio oral.

Las seis personas juzgadas son de condición pobre. A su nombre se tramitaron jubilaciones de las categorías más altas del Poder Judicial provincial, fiscal, juez o camarista, que, además, eludían el trámite del pago de ganancias en la AFIP porque la magistratura no paga ese impuesto sobre sus haberes.

Fabián Gayad fue el funcionario que denunció la maniobra en sede judicial. Era Director de Planificación del IPS. Cuando detectó la maniobra lo comunicó al entonces titular del IPS, Mariano Cascallares, quien ordenó judicializar el caso.

Gayad dio detalles de cómo detectaron la maniobra en base a controles internos del IPS y contó una anécdota que retrata con crudeza los altos montos de dinero que se desviaban en jubilaciones falsas. “Los retroactivos y las jubilaciones se pagaban mediante el Banco de la provincia de Buenos Aires, en una oportunidad eras tanto el dinero que la persona que le fue a cobrar a una sucursal de San Isidro se asustó y se fue”.

Gabriela Silvana Martínez es una funcionaria de carrera dentro del IPS. Fue otra de las testigos que dio testimonio en la primera audiencia de debate. Señaló que en los casos que son objeto de juzgamiento “las altas de los beneficiarios no tenían la documentación papel de respaldo” y aclaró que “el expediente papel se carga en el sistema, pero acá se falsificó todo, se cargaba en el sistema algo que no estaba documentado en papel”.

POBRES Y VÍCTIMAS

Marta Cabrera, una de las acusadas, dio una cruda y sentida versión. Aceptó su responsabilidad, expresó sentirse avergonzada, contó su dura historia de vida y rogó “perdón”. La mujer no dudó en sostener que vio en “esa jubilación” la “oportunidad de salir de un hogar violento”. Víctima de amenazas y abusos por parte de su entonces esposo, aseveró que en esa jubilación creyó tener “la tabla de salvación” para irse de su casa con su hijo menor.

“Lo hice porque no tenía los medios económicos para sostener a mi hijo, estoy sumamente arrepentida de lo que hice, ensucié el apellido de mis padres, se me cae la cara de vergüenza, no quiero minimizar, estuve mal, no lo hice para darme la gran vida, vivía en un estado de violencia continua”, dijo Marta entre lágrimas.

“Estuve 16 años al lado de una persona que me ofendía y me abusaba”, disparó la mujer. En la actualidad está divorciada pero “todavía le tengo miedo” a su exesposo.

La acusada recordó que una persona la contactó y le ofreció una jubilación anticipada. Ella tenía años de aportes de cuando trabajó en una fábrica. “Me arrepiento de no haber averiguado mejor cómo era todo”, reflexionó.

Obdulio Petraglia es un vendedor ambulante y peón de albañil analfabeto. También aceptó su responsabilidad. Narró que en la puerta de un banco en Mar del Plata (donde acompaño a su mujer discapacitada a cobrar la jubilación) le ofrecieron tramitarle una jubilación por invalidez.

Al tiempo lo citaron en un banco de donde extrajeron una fuerte suma de dinero que guardaron en un bolso. Los autores de la maniobra lo llevaron de regreso a su humilde vivienda, durante tres meses le dieron tres mil pesos. “Pido disculpas”, dijo que el acusado que trabaja desde los nueve años para mantener su hogar. “Cuando me di cuenta la macana que me había mandado, me quería matar, nunca me dijeron que me iban a jubilar como juez”, expresó.

La segunda audiencia de juicio será este martes desde las 10:00 horas. La acusación está en manos del fiscal Jorge Paolini y de abogado Martín Lasarte en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires que es particular damnificada en el proceso. La defensa está en manos de los abogados Juan y Miguel Di Nardo y del defensor oficial Eliseo Graziano. El tribunal está integrado por los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Cecilia Sanucci.