La Cámara Federal porteña resolvió este martes que la causa en la que se investiga a la denominada «Gestapo antisindical» bonaerense pase a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py, junto con la que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones, que sostuvieron que hay cuestiones de «conexidad» que fundamentarían que ambos expedientes tramiten juntos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tal como había reclamado la defensa de uno de los investigados.

La causa de la «Gestapo antisindical», iniciada en La Plata, es aquella en la que se investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI macrista, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la persecución por medios ilegales del exsindicalista platense Juan Pablo «Pata» Medina, hasta lograr su detención.

Por esta causa, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó, entre otros, al exministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, y a los exdirectivos de la AFI macrista Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).

Para los camaristas federales Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi esa causa es conexa a aquella en la que se investiga a los espías que tenían un grupo de Whatsapp llamado «Super Mario Bross» y que están acusados de haber llevado a cabo maniobras de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales y hasta periodistas.

La causa de los «Súper Mario Bross» tramitó originalmente en Lomas de Zamora, bajo las órdenes del juez Federico Villena y el platense Juan Pablo Augé después, y luego pasó a Comodoro Py: por esta causa estuvieron procesados los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero fueron beneficiados con una «falta de mérito» dictada por los camaristas Bertuzzi y Llorens cuando el caso pasó a la ciudad de Buenos Aires.

El caso salió a la luz a partir de una denuncia formulada por la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un video de una reunión ocurrida en junio de 2017 entre empresarios, funcionarios del Gobierno de Vidal y exagentes de la AFI, en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se trazaron estrategias para lograr el encarcelamiento de Medina.

Cuando dictó los primeros procesamientos, el juez Kreplak enfatizo que los hechos investigados no se iniciaron en la reunión llevada a cabo en las oficinas porteñas del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 si no al menos unos 40 días antes durante una reunión realizada en Casa Rosada.

En el fallo reciente, los jueces de la sala segunda del tribunal de apelaciones porteños resolvieron «declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8», conducido por Martínez de Giorgi, «para seguir interviniendo en la causa FLP 18933/2021 por conexidad con el expediente FLP 14149/2020 del registro de esa sede».

Al fundamentar su voto, el juez Farah sostuvo que «dentro de esos patrones comunes de actuación» en la causa de los «Súper Mario Bros», en la que se investigó también espionaje penitenciario, «se había detectado la instalación de circuitos de grabación en el lugar donde estuvieron detenidos opositores políticos al gobierno de por entonces», entre los que estaba Juan Pablo Medina.

«Un primer dato es que allí se procesó Diego Dalmau Pereyra y a Sebastián De Stéfano por el delito del art. 43 ter de la ley 25.520 y que se incluyeron hechos que damnificaron a Juan P. Medina. Entre estos, existe un nexo evidente: la judicialización -a través de actividades supuestamente ilegales de integrantes de servicios de inteligencia, entre otros- de su caso condujo a su detención (causa 18933/21) y durante su alojamiento en la unidad penitenciaria se obtuvo información que fue utilizada por agentes de esa sede y de la AFI en forma contraria a la ley 25520», sostuvo Farah.

En un voto separado, pero en la misma dirección, los jueces Llorens y Bertuzzi sostuvieron que el objeto procesal investigado en la causa de Martínez de Giorgi es más amplio respecto de aquel que investigó Kreplak a la vez que «se observan puntos en común con aquélla» como «la ejecución de hechos de inteligencia ilegal, la presunta participación en ellos de Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra, así como que Juan Pablo Medina resulte damnificado en ambos».

De Stéfano, que en la causa de los denominados «Mario Bross» fue beneficiado con una falta de mérito votada por los jueces Llorens y Bertuzzi, fue quien pidió que la causa pasara a Comodoro Py; en tanto que el fallo de hoy podría ser apelado por las querellas o por la fiscalía.