La Cámara de Diputados aprobará esta semana el proyecto de Presupuesto 2023, con el respaldo de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales.

La iniciativa tiene como característica una búsqueda de reducción del déficit fiscal y, a la vez, contempla la mayor parte de sus recursos para gastos sociales.

Uno de los puntos incorporados por el oficialismo en las últimas jornadas al proyecto enviado por el Ejecutivo es la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, lo que permitiría sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La ley de gastos y recursos se discutirá en una sesión especial solicitada por el bloque del Frente de Todos (FdT) a partir del mediodía del martes y se estima que la discusión del mismo -compuesto por 143 artículo- demandará alrededor de 22 horas de debate.

El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurados más de 130 votos.

A esto se podría agregar el grueso de Juntos por el Cambio, que discutirá este lunes si votan en general, como propone la UCR y Evolución Radical; o si se abstienen, como prefiere la mayoría del Pro y la Coalición Cívica, aunque en un principio la idea de estos últimos es pronunciarse en contra.

La decisión se tomará luego de analizar algunos cambios que se están introduciendo en el dictamen durante este fin de semana, según señalaron fuentes parlamentarias opositoras.

Uno de los cambios fue eliminar la posibilidad de cobrar un extra del 15 por ciento en el monto que abonan los trabajadores registrados que cuentan con obras sociales prepagas, una cuestión que se barajó en los días previos.

El tratamiento del Presupuesto llegará al recinto de la Cámara baja luego de haber tenido una ronda de consultas donde participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo, y tras cuatro jornadas de análisis de los legisladores donde se introdujeron alrededor de 30 cambios respecto del proyecto original.

Los cambios fueron consensuados entre el ministro de Economía, Sergio Massa; la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau; el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez; la secretaria parlamentaria del bloque y miembro de La Cámpora, Paula Pennaca; el equipo económico y los senadores nacionales oficialistas.

De todos modos, el proyecto diseñado por el Ministerio de Economía mantiene todas las variables macroeconómicas -que son el corazón del texto-: prevé un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% y una pauta inflacionaria del 60%.

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

Uno de los temas que monopolizó el debate de las últimas semanas -que fue conducido por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller- fueron las previsiones sobre el incremento de precios del corriente año, ya que hasta septiembre lleva acumulado una suba del 66,1% y en los últimos doce meses suma 83%, con lo cual desde la oposición creen que no se podrá cumplir con el objetivo del 90% fijado en la iniciativa.

Por ese motivo, y ante el pedido de JxC, se incluyó una cláusula por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

En ese sentido, establece que si «al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria».

La iniciativa también establece que no se podrá ampliar el Presupuesto por decreto.

Otro punto que fue incorporado al proyecto impulsado por el oficialismo, y que viene generando debate desde hace más de 20 años, es la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Sobre el debate de la iniciativa, el diputado mendocino Lisandro Nieri dijo a Télam: «Valoro que puedan tener el Presupuesto, aun no compartiendo el mismo por donde hacen el ajuste: salud, discapacidad, niñez, promoción de renovables, universidades».

Desde el FdT, el diputado de Patria Grande Itaí Hagman destacó a Télam que «el proyecto original del Presupuesto generó preocupación en el Frente de Todos porque había algunas partidas vinculadas a políticas que garantizan derechos fundamentales como educación, salud y vivienda y desarrollo social que tenía una pauta por debajo de la inflación, y por eso se empezaron a sugerir modificaciones que terminaron expresándose en el dictamen emitido el día jueves»

Señaló que «se tratan de las partidas de las becas Progresar, inversiones en infraestructura, del Fondo del Incentivo Docente, políticas alimentarias de Desarrollo Social, el Fondo de Integración Socio-Urbana, donde garantizamos que no sea una variable de ahorro para cumplir con la meta del déficit fiscal».

Hagman aclaró que «agregamos por el lado de los ingresos la cuestión del impuesto de ganancias de los jueces y funcionarios del Poder Judicial porque es absolutamente injusto y para mejorar la recaudación tributaria y no solamente con la reducción del gasto».

Además de los cambios sobre pauta inflacionaria y del fin de la exención de Ganancias en el Poder Judicial, el dictamen de mayoría incorporó más de una treintena de modificaciones que fueron planteadas en forma transversal por diputados del oficialismo y la oposición, entre los que se ubicaron la cuestión de los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la posibilidad de deducir de Ganancias gastos educativos y una suba de partidas de los programas sociales, entre otras cuestiones.

En cuanto al transporte de pasajeros, el dictamen fija que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones como piso, pero establece la obligatoriedad de tener la Sube para controlar los subsidios por jurisdicción.

Sobre Cammesa, las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para acordar cómo se realizará el pago de las deudas que se podrán hacer hasta en 96 cuotas.

En cuanto a los fondos destinados a la educación, se incrementarán 12 millones para comedores escolares; 4149 para equipamiento, unos 59 mil en las Becas Progresar, para el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones, con lo cual el presupuesto total de educación ascenderá a $1.848.888 millones de pesos.

Sobre los gastos sociales, Heller anunció un aumento en prestaciones alimentarias por $101 millones, asignaciones familiares por $90 mil millones, $19.700 millones al Fondo de Integración Socio-Urbana, y otros $4.000 para los derechos de la niñez.

Otros partidas que incluyeron son para la Rioja $ 47.000 millones para distribuirse entre la provincia y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales.

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