Tras la condena de 6 años de prisión por presunta administración fraudulenta a la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el diverso ecosistema gremial del país comenzó a expresar su apoyo a la dirigente y rechazo de la sentencia.

Desde distintos puntos dirigentes expresaron públicamente su rechazo a la decisión adoptada por un sector del poder judicial. En esa línea uno de los primeros espacios fue la Agrupación Blanca y azul de UOCRA La Plata que lidera el dirigente Iván Tobar.

“Repudiamos la sentencia sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del Tribunal Federal 2 al inhabilitar perpetuamente a ejercer cargos públicos, quedando en evidencia la connivencia judicial que busca proscribirla políticamente de cara a las próxima elecciones y cercenar los derechos políticos de la Vicepresidenta. Esta seccional busca que los procesos electorales sean mediante el voto y no violando es Estado de Derecho”, detallaron mediante un comunicado desde el gremio que nuclea a los trabajadores constructores.

También lo hizo la conducción nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas liderada por el taxista José Ibarra. “Este deshonroso veredicto dejo en evidencia que hay un sistema organizado de jueces, fiscales, empresarios, medios que responde a oscuros intereses”.

Además la Unión Propietarios de Taxis de La Plata (UPAT) señaló su “apoyo total a la compañera Cristina”.

Desde el gremio docente SUTEBA expresaron su “más enérgico repudio a la condena del Tribunal Oral Federal Nº 2 contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner” y reclamaron “Basta de Estado paralelo y mafia judicial”.

En tanto la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires repudió la sentencia y consideró que CFK es víctima de una persecución.

Por su parte la CGT nacional consideró “vergonzoso” el veredicto de culpabilidad.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) indicaron que «las organizaciones populares no vamos a permitir este atentado a la democracia y este agravio a quien representa nuestra esperanza de lograr la patria justa, libre y soberana por la que no dejaremos de luchar».

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, calificó la condena de «inadmisible y amañada».

«Ante ello no es posible el silencio pues hay castas que desde el poder corporativo, mediático y lo que es más grave desde el Poder Judicial se pretende consagrar un orden sistemático de violación de los derechos sociales y políticos», indicó en un comunicado.

El dirigente pidió por la «ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema y una reforma judicial que garantice el ejercicio de la soberanía popular».

La CTA de los Argentinos expresó su repudio en un documento difundido en redes y aseguró que «es muy claro que una parte del aparato de justicia quiere eliminar la figura de la Vicepresidenta», aunque afirmaron que «el pueblo argentino no va a agachar la cabeza».

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en representación de la Internacional de la Educación, aseguraron que el fallo es una «persecusión de los sectores de la derecha política, económica y judicial».

El documento, que lleva las firmas del diputado Hugo Yasky y la representante de Brasil Fátima Silva, indicó que la condena es «es un capítulo más de la triste sucesión de acciones judiciales con que se ha perseguido a otros líderes populares de América Latina», como el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

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