Perú vivió este lunes una jornada de extrema tensión, ni siquiera suavizada por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, por las crecientes protestas de miles de pobladores en varias ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de mercados y universidades, y dejaron cinco muertos, mientras en el Congreso avanza una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo, ya sin fueros.

«Interpretando la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para abril del 2024», dijo Boluarte en un mensaje a la nación difundido por televisión apenas comenzado el día.

La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto Castillo, y buscaba aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato después de otro día -ayer- de manifestaciones multiplicadas.

Pese a las protestas, «está descartada una renuncia de la presidenta», aseguró el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

Pero el anuncio del adelanto de las elecciones no calmó los ánimos y las protestas crecieron en número e intensidad: grupos de ciudadanos incendiaron la comisaría de Huancabamba, una localidad en el departamento Apurímac, donde ayer murió la primera persona en el contexto de estas manifestaciones.

Asimismo, tomaron el aeropuerto de Arequipa, luego recuperado por las autoridades, y saquearon un mercado en la misma ciudad -la segunda más importante de Perú-; cortaron al menos unas 30 rutas en todo el país; y marcharon por no menos de 10 ciudades.

Además, a los dos muertos que se registraron el fin de semana se sumaron una tercera víctima en Cerro Colorado, en el área metropolitana de Arequipa, y otras dos en la provincia de Chincheros, Apurímac.

También en Arequipa fue tomada una planta de la empresa láctea Gloria, donde unas 3.000 personas produjeron algunos saqueos, prendieron fuego una camioneta y provocaron otros destrozos, según el diario Trome.

Mientras, estudiantes ocuparon la universidad de Cajamarca e intentaron hacer lo mismo en las casas de estudios de Jaén y Chota.

La Defensoría del Pueblo, que temprano había confirmado cuatro muertes -antes de que se supiera la quinta-, cifró además en 32 civiles y 24 policías los heridos en los días de protestas.

En todos los casos se repetía el reclamo de elecciones en 2023 y cierre del Congreso, aunque en algunas de las protestas se mezclaron tibias defensas de Castillo.

Boluarte asumió el mando el miércoles tras la destitución de Castillo por parte del Congreso, dominado por las fuerzas de oposición de derecha, tras un fallido intento del entonces mandatario de suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un autogolpe de estado.

En ese contexto, Boluarte dispuso el estado de emergencia por 60 días en las siete provincias del departamento Apurímac, lo que implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un decreto publicado esta noche por el diario oficial El Peruano.

La radio RPP reportó dos cortes de ruta en Trujillo, cuatro en Puno, siete en Ucayali, 10 en Arequipa -la ciudad más convulsionada-, uno en Tacna, siete en Abancay y seis en Ica, mientras el transporte de pasajeros no llegaba ni salía de Cusco, la principal ciudad turística del país.

El cuadro podría agravarse si los gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas cumplen su anuncio de «paro indefinido» a partir de mañana, en este caso con el dato extra de que el colectivo reclama la «inmediata libertad» de Castillo.

De acuerdo con el Frente Agrario y Rural (FARP), Castillo «no perpetró ningún golpe de estado» cuando el miércoles anunció el cierre del Parlamento, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, por lo que se declaró “en insurgencia popular contra el golpe planificado por el «frente al golpe planificado y perpetrado por el Congreso”, según un comunicado.

Justamente Castillo difundió hoy en sus redes sociales una carta en la que llamó “usurpadora” a Boluarte y se consideró aún al mando del país.

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, subrayó.

El Congreso, en cambio, le sacó a Castillo sus fueros y el derecho al antejuicio que le correspondía por haber ostentado un alto cargo y dispuso que la formulación de la causa penal tenga lugar, un paso que ya notificó a la fiscal general, Patricia Benavides, que ahora puede continuar con sus investigaciones por rebelión, conspiración y alteración del orden público.

La titular del Ministerio Público sumó esta mañana una denuncia constitucional contra el exmandatario, por haber perpetrado un golpe de estado, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Además de Castillo, quien fuera su última jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta, están siendo indagados por el Ministerio Público por los posibles delitos de rebelión y conspiración.

El legislativo ya resolvió, además, que la mesa directiva decidirá el miércoles si incluye para esa misma jornada la discusión en el recinto del proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones.

Fortalecido por su rol de los últimos días, el parlamento convocó para esta tarde al primer ministro, Pedro Angulo, y a los encargados de las carteras de Defensa e Interior, Otárola y César Cervantes, respectivamente, a que expliquen los operativos de seguridad ante las manifestaciones.

Las citaciones estaban referidas básicamente a la muerte de dos manifestantes -uno de ellos menor de edad- en el departamento sureño Apurímac en las protestas de ayer, pero antes de ese informe ya se habían agregado otras dos víctimas.

Antes de sentarse frente a los legisladores, Angulo llamó al diálogo tras anunciar que el Gobierno formará un gabinete de crisis para hacer frente a las protestas y llamar a la ciudadanía a abandonar las manifestaciones.

«Invocamos a aquellas personas que están causando violencia a deponerla; queremos el diálogo: abrimos los brazos para solucionar los problemas que, sabemos, antes no han sido solucionados por los gobiernos de turno», expresó el funcionario en conferencia de prensa, según la agencia Andina.

Precisamente sobre las protestas, la oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó hoy su preocupación por el aumento de la violencia y, ante la posibilidad de que se agrave, reclamó enfáticamente que las fuerzas de seguridad actúen con «precaución» y proporcionalidad» tras reprocharle abusos en la represión a manifestantes.

«Ha habido casos en los que la Policía parece haber recurrido a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y a un uso indiscriminado del gas lacrimógeno», alertó María Hurtado, vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en un comunicado.

Como otra medida que busca apaciguar ánimos, el Gobierno dispuso hoy el cese de todos los prefectos a nivel nacional, a los que acusó de alimentar las protestas por su alineamiento con Castillo.

Representantes directos de la Presidencia en las regiones, el ministro de Defensa, Otárola, dijo que el Ejecutivo “encontró ahí un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y la representación locales en donde se mueven estos prefectos”.

Abonó esa crítica el presidente del Consejo de Ministros, Angulo, que habló de “averiguaciones, algunas de inteligencia y otras de distintas autoridades, que dicen que entre los azuzadores habían prefectos y subprefectos” y docentes del sindicato que integraba Castillo.

Los prefectos y subprefectos son autoridades designadas por el gobierno central con funciones administrativas paralelas a las de los gobiernos regionales y provinciales, respectivamente.

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