La fiscalía del juicio que se sigue al exjuez platense César Melazo pidió que sea condenado a 16 años de prisión como «jefe» de una asociación ilícita y encubrimiento de delitos, y que se investigue si tuvo su participación en el homicidio de un presunto integrante de la banda y si también incurrió en enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue efectuado por los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo durante sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata, que juzga a Melazo y a otras 8 personas como acusadas de integrar una banda dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.

En el caso del exjuez, la fiscalía solicitó 16 años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita «en calidad de jefe»; tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional – 9 hechos, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil- 4 hechos y encubrimiento en concurso real.

También se pidió, como medidas adicionales, que se investigue la participación de Melazo, «en calidad de autor intelectual», en el crimen de Juan Farías, quien se cree era miembro de la banda y lo asesinaron en un presunto ajuste de cuentas interno tras cometer un millonario robo.

A su vez, los fiscales requirieron que se investiga si el exmagistrado y otros dos imputados incurrieron en presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de dinero, en base a la información obtenida sobre los bienes y las cuentas bancarias de los 3 imputados.

La semana pasada, al comenzar el alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron por probado que Melazo tenía «una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita» y que su situación patrimonial «no se corresponde a los ingresos corrientes del poder judicial» y es un «indicio más» que avala ese rol delictivo.

Sibuet y Huergo afirmaron que «10 sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos de diversa naturales, escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi».

El fiscal aludió a las pruebas que confirman las reuniones que mantenían los presuntos miembros de esa asociación, pasando incluso diversas escuchas, que mostraban «la indudable conexión entre cada uno de ellos».

«Melazo está sindicado como jefe de esa organización», remarcó Sibuet y agregó que elexjuez «conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante».

Por su parte, Huergo dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o algún miembro de su familia; la propiedad de lotes en Cariló, una propiedad en la localidad de Gorina; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias, como por ejemplo retiros de 3.690.000 pesos y 2.600.000; compras de dólares.

También detalló que entre 1996 y el 2017, Melazo realizó 40 viajes al exterior, con destinos a Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países.

«No nos quedan dudas que la situación patrimonial de Melazo no se corresponde con los ingresos corrientes del poder judicial, de las categorías que tuvo en esos años y por eso consideramos que este breve racconto es un indicio más de que efectivamente tuvo participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita que cometió delitos para enriquecerse con su producción», indicó Huergo.

Los fiscales pidieron, además, que el policía Gustavo Bursztein sea condenado a reclusión perpetua como coautor de asociación ilícita en calidad de «organizador»; robo calificado por abuso de arma en concurso real con portación de arma de guerra y homicidio críminis causa y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional.

Para el policía Gregorio Mena, Adrián Manes, Carlos Barroso Luna, Héctor Vega y Martín Fernández también solicitaron la reclusión perpetua como «cointegrantes» de una asociación ilícita, robo calificado por abuso de arma y homicidio críminis causa.

Para Carlos Bertoni, 6 años por asociación ilícita; Enrique Petrullo, 4 años por tráfico de influencias; Marcos Chiusaroli, a 1 año y 6 meses por tenencia de arma de fuego de uso civil.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integraban una asociación ilícita que cometía «robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas».

Además, «algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial» y Melazo se presume brindaba protección a la banda.

Por su parte, el exjuez renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su accionar.

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