El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que el fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido este miércoles 21 de diciembre que benefició a la ciudad de Buenos Aires en materia de fondos coparticipables es «una verdadera inmundicia» y consideró que representa un «atentado al federalismo, la democracia y la República».

El mandatario formuló esas declaraciones al inaugurar una nueva alcaidía departamental en el partido de Almirante Brown junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak; el intendente Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares.

«El fallo es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país», expresó el mandatario bonaerense durante el acto.

En ese sentido, sostuvo que el fallo del máximo tribunal del país representa «un atentado al federalismo, a la democracia, a la república, a la Constitución y a la provincia» de Buenos Aires.

«Los candidatos en provincia que quieren gobernarla con el desastre que hicieron ¿qué van a decir ahora? ¿Se van a pronunciar a favor del saqueo? Quiero escucharlos a los que quieren gobernarla, que se callan y tienen complicidad con ese saqueo», añadió el gobernador.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que, por el momento, avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

La decisión fue firmada de manera unánime por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación, en distintas instancias de mediación, no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica el traspaso de parte de Policía Federal, concretado en 2016 desde la órbita nacional a la de la ciudad.

El mandatario consideró además que «el fallo plantea que una Ley aprobada por el Congreso nacional, la que determina cuántos recursos debe recibir la Ciudad por el traspaso de la policía queda ahora en una situación absolutamente extraña».

«Las leyes se derogan o se aprueban y están vigentes, o la Justicia determina que son inconstitucionales y no se apliquen. Pero las leyes no se pueden suspender por recomendación de un tribunal, por más jerarquía que tenga», opinó el mandatario y expuso que la Corte «nos metió en un limbo para favorecer a una jurisdicción».

Sostuvo que no hablará de cómo la decisión del máximo tribunal perjudica específicamente a la provincia, «porque no lo sabemos», pero reafirmó que «todos los gobernadores de la Argentina coinciden en que esto es un atentado al federalismo, a la democracia, a la república, a la Constitución y a la provincia».

Kicillof también cuestionó el hecho de que el expresidente Mauricio Macri «le multiplicó sin explicación y por decreto la coparticipación a la Ciudad», evaluó que «es absolutamente injusto que CABA absorba fondos que son de un país federal» y aseveró que «no hay pauta que pueda impedir que esto se vea».

Posteriormente, Kicillof pidió a los candidatos de la oposición a la gobernación bonaerense «se pronuncien sobre este saqueo» y cerró: «La cuestión es: democracia o mafia, federalismo o mafia. Hay un proyecto de la derecha, y otro, que es el derecho al futuro».

En igual sentido se pronunció el ministro Katopodis, quien manifestó que el actual «es el gobierno que más escuelas y jardines inauguró en la historia de la provincia ya que la primera apuesta es crear oportunidades, garantizar derechos y construir sociedad más justas e igualitarias» y apuntó que «para ello, hace falta que no haya instituciones tomadas, ni democracias capturadas».

«No puede haber sectores que deciden qué derechos tenemos y cuáles no. Por eso, la discusión es: de un lado los derechos, la Argentina federal, la sociedad democrática, y del otro, los privilegios. Eso tratan de convalidar con estos fallos», recalcó.

El funcionario subrayó que «el gobernador defiende los intereses de la provincia» y agregó que «esta no es una discusión de jueces o tributaritas, sino que debemos hacer esa tarea militantes, de convencer, de persuadir, de que se entienda: en los cuatro años del gobierno anterior, la inversión en obra se multiplicó en 2.600%».

«Esas son injusticias y desigualdades que queremos revertir. Necesitamos seguir haciendo obras, escuelas y jardines. Cada ciudadano debe sentir y entender que para concretar ese proyecto de provincia que tenemos se necesita dar esta discusión. Debemos explicar que hay una provincia que no va a esconder los problemas debajo de la alfombra, los vamos a encarar, resolver y garantizar una provincia de pie».

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

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