El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

Posteriormente, el mandatario reiteró en declaraciones al canal C5N que el fallo es «muy singular» y de «imposible cumplimiento».

Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso «se deben cumplir» y añadió que la norma en cuestión «no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad».

Sobre ese punto, aclaró que «más allá» de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que «resuelva un nuevo presupuesto» para que se establezca «de dónde va a sacar los fondos», y en ese caso si es con «impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento».

El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno «no tiene la menor idea» de por qué «llegaron a ese cálculo» en el máximo tribunal, al advertir que «ese dinero no está en el presupuesto nacional».

También consideró que con el fallo se asiste a un «choque de poderes» porque el máximo tribunal «logró lo increíble», en referencia al hecho de que una resolución «contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo».

«La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación», apuntó el jefe de Estado.

El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye «un fallo político, de cara al año electoral» y advirtió que, con esa decisión, «la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA».

«Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad», explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.

El Presidente señaló en su diálogo con C5N que los gobernadores con los que se reunió para analizar el fallo «lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos».

«La teoría de que el dinero sale de Nación y no afecta a las provincias es falso, porque el dinero que tiene el Estado nacional lo utiliza en favor de las provincias», expresó.

Consultado sobre si el objetivo del fallo es financiar la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió que «no sabe» pero que si el máximo tribunal resuelve de ese manera «lo va a lograr».

Por último, el Presidente le pidió al titular de la Corte, Horacio Rosatti, que «deje su ego de lado y retome la senda del Derecho».

El Gobierno consideró que la Corte argumentó «de manera insólita» que «transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas» y advirtió: «Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación».

El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema esta tarde tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto ayer por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.

El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Esas provincias «al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación» y para que soliciten la revocación «in extremis» de la resolución cautelar, según el documento.

Ayer, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) se ordenó al Gobierno Nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.

El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.

La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al «Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en la ciudad.

De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.

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