El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.

«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti», afirmó el mandatario a través de una carta, que difundió la Casa Rosada.

Agregó que «también requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».

El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

En su carta, Fernández aseveró que «al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere»

De esa manera, afirmó: «Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».

Y sostuvo que es su deber «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».

Además, Fernández afirmó que en los últimos meses se ha visto «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina» y aseguró «diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia».

«Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado».

Luego, en una entrevista concedida a C5N en Brasil, Fernández expresó su «preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes».

«Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión» de la justicia en los otros poderes, consideró.

Y apuntó a Rosatti: «En particular su presidente, que tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso».

«En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura», advirtió.

Fernández añadió que «uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo ‘no viajamos, no me pagaron el viaje'», en alusión al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a esa zona patagónica.

«Esto me parece muy preocupante: vemos a jueces, a fiscales, con un vinculo absolutamente promiscuo con empresarios, todos coinciden en una lógica, que es una lógica judicial estigmatizada, y ser tan sumisos con las singularidades de otros», abundó.

También dijo que tomó personalmente la decisión de impulsar el juicio político a Rosatti. «Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé», aseveró.

La última semana trascendieron presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, entre otros temas.

Sobre estos chats, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó que «no puede ser que Rosatti siga en la Corte. No puede seguir hasta que esto se resuelva. No sé si la palabra es obsceno o pornográfico. Esto es un escándalo sin precedentes y es muy grave para todo el país».

El gobernador había considerado que los chats «muestran el manejo de los fallos judiciales y la connivencia» entre parte del Poder Judicial y funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC).

«No me corresponde decirle a Rosatti que renuncie. Ya tendría que estar explicándole a la sociedad y a todos los poderes del Estado qué está pasando», afirmaba Zamora.

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