Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que reclaman un golpe de Estado invadieron este domingo por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), motivo por el cual el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia, acusando a los responsables de la policía local por haber liberado la zona y permitir un ataque que rememora el que sufrió el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

Al menos 400 personas fueron detenidas en una jornada golpista que fue repudiada por la comunidad internacional y que se produjo justo una semana después de la asunción de Lula, en un episodio calificado como «terrorista» por la presidenta de la corte suprema, Rosa Weber.

Para Lula, quienes cometieron este acto son «nazis» y «fascistas», seguidores de un «genocida» como Bolsonaro, que abandonó el país el 29 de diciembre para evitar estar presente en el cambio de mando, pero que dejó entre sus seguidores un legado de confusión y de búsqueda de un golpe militar.

Los ultraderechistas destrozaron las oficinas de la corte suprema, se sentaron en la silla del presidente del Senado mofándose de la situación y rompieron las oficinas contiguas a la de Lula, incluida la de la primera dama, además de obras de arte que forman parte del archivo histórico nacional.

El despacho de Lula, por tener una puerta reforzada, fue el único en no ser destruido.

Más de 80 ómnibus con ultraderechistas habían llegado el sábado a la capital federal para una manifestación que había llamado la atención del ministro de Justicia, Flavio Dino, quien había advertido de la situación al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, un bolsonarista que, según lo marca la Constitución, es el encargado de la seguridad en el Distrito Federal.

Los manifestantes que desde noviembre piden un golpe de Estado militar en la puerta de los cuarteles, denunciando fraude en las elecciones y pidiendo que Bolsonaro vuelva a la presidencia, marcharon casi sin oposición por Brasilia, con escasos agentes protegiendo los edificios públicos en un domingo de calor y sol, con el presidente Lula en Arararaquara, interior de San Pablo, visitando lugares afectados por una fuerte inundación.

Durante la semana, contra las advertencias de Dino, el ministro de Defensa, José Mucio, había dicho que las protestas eran democráticas y que tenía conocidos en los campamentos que se oponían a la asunción de Lula.

Imágenes mostraron que miles de ultraderechistras, vestidos en su mayoría de amarillo, pasaron sin mayores problemas por un primer cordón policial y durante la jornada se vio a agentes sacándose «selfies» con los golpistas.

Esta situación provocó que Lula montara en Arararaquara, municipio gobernado por el Partido de los Trabajadores, un gabinete de crisis en el cual se determinó que el responsable máximo fue el gobernador de Brasilia, quien le pidió «disculpas» a Lula y echó a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro hasta el 31 de diciembre que estaba de viaje en Orlando, Estados Unidos, la misma ciudad donde se refugió el exmandatario.

La Abogacía General de la Unión, la abogacía del gobierno, pidió al Supremo Tribunal Federal la captura de Torres por considerarlo uno de los responsables del ataque a la democracia.

El bolsonarismo más duro no repudió el atentado durante la jornada, aunque sí lo hizo el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, quien aseguró que el golpismo «no representa ni al partido ni a Bolsonaro».

La Policía Militar logró desalojar y recuperar los edificios más de cuatro horas después de comenzada la invasión, y la Policía del Senado reportó la detención de 30 personas sólo en la sede del Congreso, según el diario Folha de Sao Paulo.

El ataque a las instituciones en la Plaza de los Tres Poderes fue llevada a cabo por más de 10.000 personas, según medios locales.

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