Un fiscal federal pidió enviar a juicio oral y público a los presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la emisión y venta de facturas falsas entre mayo de 2016 y marzo de 2018, para lo cual ofrecía dinero a personas sin capacidad económica para que se inscribieran en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informaron este martes fuentes judiciales.

Ei fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, dio por probado que los acusados ofrecían inscribirse en AFIP a cambio de comisiones y luego emitían facturas electrónicas a nombre de esas personas, que eran vendidas.

La imputación es por el delito de «asociación ilícita fiscal», detallaron las fuentes.

En el caso que derivó en la apertura de la investigación, una mujer denunció que ella se inscribió a cambio de dinero y luego le ofreció hacer lo mismo a varios familiares.

“La inscripción ante AFIP-DGI, de personas físicas» tendía «como única finalidad la generación de facturas apócrifas, permitiendo a los adquirentes de dichas facturas registrar un crédito fiscal o un gasto inexistente”, se detalló en la acusación.

A lo largo de la investigación, se determinó que las facturas a nombre de diferentes personas era emitidas desde una misma dirección IP, cuya titularidad es de uno de los acusados.

En su dictamen, Di Lello sostuvo que los imputados Federico Kirstein y Carlos Danti integraban una «organización criminal» que ordenaba el «reclutamiento» de distintos contribuyentes para ser usados dentro de la «usina» de facturas y «poder materializar los fines delictivos perseguidos».

Según la investigación, los acusados llevaban a los individuos captados a cambio de una «comisión» a inscribirse en AFIP .

“Los imputados de marras han tomado parte de una estructura criminal conformada por más de tres personas dedicada con habitualidad a la generación y comercialización de comprobantes de facturación ideológicamente falsos, para lo cual se valieron de la utilización de las distintas usinas analizadas, facilitando de tal modo la comisión de delitos tributarios a una determinada cantidad de contribuyentes”, sostuvo la fiscalía.

En la investigación se determinó que los supuestos «contribuyentes» carecían de «capacidad económica» y fueron utilizados «exclusivamente a los efectos de la generación de comprobantes de facturación apócrifos».