La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pedirá al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las «medidas disciplinarias correspondientes» contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, en el marco del proceso contra la Corte Suprema.
La tercera reunión testimonial de la comisión que analiza la conducta de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tuvo como características los gritos y chicanas entre los legisladores del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC).
Los cruces se sucedieron especialmente cuando declararon los secretarios de la Corte Suprema Sebastián Alberto Garay (Secretaría de Juicio Originarios) y Guillermo Sebastián Garay (Vocalía de Rosatti).
Además de los hermanos Garay -hijos del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay- declararon Natalia Hilda Monayer (Vocalía de Rosatti) y Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación).
Los cruces se sucedieron porque los opositores Juan Manuel López, Silvia Lospenatto, Pablo Tonelli y Mario Negri, acusaban a los representantes del oficialismo de «intimidar» a los testigos.
El FdT rechazó el pedido de Tonelli para que la comisión haga una denuncia de «falso testimonio» contra el juez Alejo Ramos Padilla.
Además, a propuesta de Tailhalde, se decidió pedir documentación a la Corte y convocar como testigos, entre otros, al exministro de Justicia macrista Germán Garavano y al exfuncionario y operador judicial del anterior Gobierno Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia.
También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia del macrismo Santiago Otamendi; del extitular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), anunció que Stornelli «no ha comparecido» ante el cuerpo y reiteró que «si accedemos a enviarle las preguntas» como solicitó el fiscal «estaríamos violando el reglamento», al precisar que sólo pueden «declarar por escrito el presidente, vicepresidente y los gobernadores».
Al responder a los legisladores de Juntos por el Cambio, que insistieron con hacer lugar al pedido de Stornelli de declarar por escrito, Gaillard reiteró que no enviarán las preguntas al fiscal y dijo que «la finalidad de esta comisión es llevar adelante este proceso para esclarecer los hechos. No puedo apartarme del reglamento».
Asimismo, la diputada anunció que la comisión «le va a comunicar al procurador Casal la ausencia de Stornelli y se solicitará que disponga las acciones sancionatorias correspondientes».
«Vamos a dejar todas las cuestiones que sean motivo de debate para el final», dijo en referencia a la situación del fiscal.
Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
El primer testigo en declarar en la comisión de Juicio Político fue el secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, quien manifestó «no recordar» si tuvo un chateo con D’Alessandro, ante una consulta del diputado Tailhade.
«Yo ese chat no lo recuerdo. Por mi función interactúo permanentemente con funcionarios nacionales y provinciales», agregó.
Sobre el intercambio con la periodista Cynthia García, dijo que «se dio porque vi en mi Twitter varias notificaciones y me pareció injusto lo que se estaba diciendo; no tuve un comportamiento impropio ni desleal con mi jefe, si no, no suelo interactuar».
Cuando declaró Sebastián Alberto Garay, desde la oposición rechazaron las preguntas que le hacia la oficialista Vanesa Siley.
«No participé de ninguna de las causas que son objeto de este juicio político», dijo el testigo.
Al ser consultado como fue designado en esa secretaria, el funcionario dijo que «desde mayo del 2013 presto servicios en la Secretaría de Juicios Originarios, con el aval del doctor Enrique Petracchi, donde actualmente me desempeño como despachante de expediente, trámites ordinarios de las causas».
Natalia Monayer, quien fue consultada sobre si podía acceder a los expedientes internos, dijo que «tengo clave del sistema interno Lex 100, donde a veces por mi trabajo accedo, el área de sistema me la provee por el trabajo que yo realizo».
Ante varias consultas de Leopoldo Moreau, dijo que no iba a responder preguntas que no estuvieron vinculadas al proceso de juicio político.
En el tramo final de la reunión hubo un fuerte debate entre el radical Negri y el kirchnerista Moreau.
Negri dijo que «el kirchnerismo trae a la fuerza a la Comisión de Juicio Político personas a las que se les vulneró el derecho a la intimidad mediante la filtración ilegal de chats. Luego se rasgan las vestiduras al denunciar que ‘no hay un Estado constitucional democrático'».
Moreau replicó a Negri al señalar que «el sistema político argentino no puede ignorar que hay un Poder Judicial, no solo en la Corte Suprema, que tiene enquistada una mafia que afecta el sistema institucional de la Argentina» y mencionó el caso de la «banda de Lago Escondido», en alusión a jueces, empresarios y funcionarios que se reunieron en esa zona de la Patagonia.
También denunció que «el Consejo de la Magistratura no está funcionando porque fue asaltado para dejarlo paralizado» y le pidió a JxC que «no sea cómplice de la camarilla del Poder Judicial».