El sistema jubilatorio argentino «estuvo en riesgo, porque el Congreso estuvo parado» y demoró tres meses la sanción de la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, sostuvo la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.
«Por suerte, pudimos contar con el quórum que consiguió el bloque oficialista de Diputados con total decisión», manifestó la titular del ente previsional, tras remarcar que «la jubilación estuvo en riesgo porque el Congreso estuvo parado».
En un contacto con la prensa, Raverta puntualizó que lo que estuvo en riesgo por la falta de tratamiento de la ley fue «mucho más» que la aprobación de la nueva moratoria previsional, ya que «solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones cuentan con 30 años de aportes» y que, en consecuencia, «nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombre no hubieran podido jubilarse».
Al respecto, Raverta consideró que la negativa a sesionar por parte de la oposición obedeció a que «tienen un modelo económico distinto» al del Frente de Todos » y, por lo tanto, «también un sistema de seguridad social distinto».
Asimismo, relativizó las críticas a la nueva moratoria por sus supuestos efectos negativos en el plano fiscal y manifestó que «el mayor déficit del régimen previsional fue entre 2016 y 2019».
Raverta defendió la instrumentación del Plan de Pago de Deuda Previsional al sostener que es «una solución a un problema, en tanto nuestros trayectos laborales no están formalizados».
Remarcó que «la solución para adelante, la solución definitiva, es que todos trabajen en la formalidad los 30 años (de aportes necesarios para jubilarse), pero eso para atrás no sirve».
En ese sentido, sostuvo que el plan que resulta de la sanción de la ley 27.705 es «una solución igual, pero mejorada» respecto de las iniciativas puestas en práctica en 2004 y 2014.
De la suma de normativas contempladas en la ley, el decreto reglamentario 173/2023 y la resolución general conjunta Anses-AFIP 3545/2023, surgió una serie de parámetros de ingresos, consumos y patrimonios para delimitar el universo de potenciales beneficiarios, así como las incompatibilidades con otros beneficios, dándose al interesado la posibilidad de renunciar a ellos a cambio de la jubilación.
Raverta y sus colaboradores precisaron que más allá de las restricciones marcadas en la última resolución «el número de 800.000 (personas que podrían acceder a la jubilación) se mantiene», además de remarcar que «en la reglamentación se trabajó con todas las áreas y va en línea con la ley», además de subrayar que las normas aprobadas «no se contradicen» con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Luego de recordar que en la primera jornada de vigencia del plan se concretaron 2.290 jubilaciones, confió en que se cumplirá con un promedio de «50.000 altas por mes».
Entre las incompatibilidades, esta la de seguir cobrando la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o el plan Potenciar Trabajo.
Si se tiene en cuenta que en muchos casos las erogaciones adicionales que resultan de las nuevas jubilaciones se compensan con la renuncia a algunos de esos dos beneficios, el plan «no tendrá un impacto fiscal como han tenido otras moratorias», advirtió.
La cuota que deberá pagar cada nuevo beneficiario no podrá superar el 30% del haber mínimo jubilatorio y, en función del monto de la deuda, podrán ser hasta 120, sin necesidad de aplicar una tasa de interés ya que se ajusta trimestralmente por la ley de Movilidad, con lo que la relación cuota/haber se mantendrá constante.
Raverta lamentó que «se perdieron tres meses, porque la oposición no bajó al recinto», en referencia al lapso transcurrido entre la presentación del proyecto de ley en diciembre de 2022 y su sanción en marzo de este año.
De todos modos, señaló que «si la capacidad operativa de los 13.000 trabajadores de la Anses lo permite, vamos a ponernos al día con esos tres meses».